Quién dice que la crisis es un cuentazo?

Tomado de aquí, Semanario universidad.

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Prevén que 50.000 personas se quedarán sin trabajo por la crisis
Escrito por JORGE LUIS ARAYA (jorge.araya@semanario.ucr.ac.cr)

Personas se quejan de haber sido engañadas y no recibir las prestaciones por el cierre de empresas.

El vendaval de la crisis económica empezó a calar en el país, con miles de empleos que ya se perdieron o se anuncian para este año, tanto en pequeñas empresas locales como en grandes transnacionales.

Estimaciones “conservadoras” indican que a causa de la situación mundial, el desempleo crecerá en el país entre 1 % y 1.5%, y 50.000 personas quedarán cesantes, lo cual dejará en vulnerabilidad económica a un total de 250.000, aproximadamente, afirmó el economista Leiner Vargas, catedrático de la Universidad Nacional (ver recuadro “El desempleo de la crisis”).

No fue el único caso, pero el que mayor repercusión tuvo fue el cierre de la cadena Domino’s Pizza, que clausuró intempestivamente la semana antepasada sus ocho tiendas en San José y Alajuela. Dejó en la calle, engañados y sin el pago de prestaciones laborales, a 130 personas, la mayoría mujeres, muchas de ellas jefas de hogar.

A ello se sumó el anunciado cierre de una de las plantas de la transnacional alemana Havells Silvana, en la zona industrial de Pavas, donde quedarán cesantes 200 personas. A esto se agrega 104 despidos que hará este año la transnacional estadounidense MerckSharp&Dome, también en Pavas; y 25 ocurridos la semana antepasada en la industria Helvex en el barrio Calderón Muñoz.

Además, trascendieron informes de parte de personas que trabajaban en las empresas, que hubo 30 despidos en supermercados Tikal, 80 en el Hotel Marriott San José; 60 en el Marriott Los Sueños (Herradura, Puntarenas); unos 300 (desde noviembre a la fecha) en la fábrica de refrigeradoras y cocinas Mabe (antigua Atlas) en Heredia.

Asimismo, hubo un número no precisado de despidos en La Vidriera Centroamericana y otras empresas del parque industrial de Cartago. A cientos de empleados de la Cervecería Costa Rica les propusieron cambios de jornada laboral, supuestamente debido a bajas en la producción.
Una de las empleadas que quedará cesante en Sylvania, con más de 15 años de laborar allí, dijo que eran alrededor de 300 trabajadores, pero en noviembre comenzaron los despidos, y ahora con el nuevo recorte quedarán unos 80, pese a que uno de los gerentes afirmó a un medio de prensa que eran 200.

Algunos de los cesados se mostraron engañados y dolidos, porque dicen que durante la campaña del referendo por el Tratado de Libre Comercio (TLC) con Estados Unidos y Centroamérica en la empresa los reunieron para pedirles que votaran por el Sí, diciéndoles que con el Tratado tenían garantizado el trabajo “por los próximos diez años”, al menos.

Por su parte, trabajadores de Atlas recordaron que esa fue una de las empresas que más campaña hizo a favor del TLC, y sus representantes amenazaban con irse del país si no se aprobaba el Tratado. No obstante, una semana después del triunfo del Sí en el referendo, anunciaron que la empresa ya estaba vendida a Mabe de México.

Desde entonces comenzaron a recortar personal y empeoraron las condiciones laborales, al punto de que muchas personas han renunciado. Actualmente solo quedan unos 700 de los 1.400 eran.
Varias personas coincidieron en afirmar que las condiciones de seguridad laboral ya no son las mismas de antes: el recargo de trabajo y la presión por elevar el rendimiento es constante, los accidentes no se reportan al INS y las curaciones se hacen en la misma empresa donde el trabajador es obligado a incorporarse al puesto aunque no haya sanado, y los inspectores de Salud o del Ministerio de Trabajo ni se asoman.

Un antiguo empleado dijo que hay mucha desmotivación entre el personal, y él mismo se pone a pensar si no le hubiera ido mejor si lo hubieran despedido.

Gabriela Jiménez, quien trabajaba en el montaje de cocinas, dijo que en su caso ella prefirió renunciar pese a que su jefe le pidió que no lo hiciera dado su buen rendimiento, pero es mucha la presión y la jornada de 12 horas que le propusieron no le conviene como madre de familia, porque no le quedaría tiempo para atender a sus hijos.

Se buscó conocer la versión de la empresa sobre los despidos y las condiciones laborales, pero al cierre de esta edición el gerente, Diego Artiñano, no había contestado el mensaje de correo electrónico que pidieron en su oficina enviar con la consulta.

La ola de despidos laborales arrecia menos de dos meses después de que autoridades del Gobierno de Oscar Arias aseguraban que la crisis no tendría mayor impacto en Costa Rica, pues el país se encontraba con finanzas sanas y preparado para hacer frente al descalabro de la economía mundial (el cual han pronosticado desde hace años renombrados analistas como Paul Krugman, Premio Nobel de Economía).

Ahora, para enfrentar la crisis y evitar supuestamente el despido de trabajadores, la administración Arias y la Unión de Cámaras y Asociaciones de la Empresa Privadas (UCCAEP) promueven un proyecto para reducir salarios vía modificación de las jornadas de trabajo.
Ante una consulta de este Semanario, en las cámaras empresariales dijeron no tener cifras sobre los despidos ocurridos en los primeros meses del año.

William Segura, periodista de la UCCAEP, adujo que ellos no manejan esos datos porque la entidad “es una organización de cámaras, no de empresas”. En la Cámara de Exportadores de Costa Rica (CADEXCO), un funcionario de la vicepresidencia ejecutiva dijo que estaban haciendo un estudio sobre la situación del empleo en el sector, y que esperaban tenerlo listo para la presente semana.

En la Cámara de Industrias la asesora de prensa Carol Uriza dijo que la entidad no tenía cifras de desempleo de este año. Sin embargo, en un reporte que envió sobre el empleo en el sector privado en el 2008, se observa que desde mediados del año pasado se produce una fuerte pérdida de empleos en el sector, al pasar de 796.548 en julio a 781.080 en diciembre, es decir 15.468 menos.

ENGAÑADOS
Entre las recientes pérdidas de empleos, la que mayor repercusión causó fue el cierre de Domino’s Pizza, donde al día siguiente los empleados y empleadas se dieron cuenta que se habían quedado sin trabajo, pues los locales habían sido desmantelados en la noche y la madrugada.

Similar suerte corrieron los cerca de 25 trabajadores de Helvex, una pequeña fábrica de cortinas y otros artículos de hogar ubicada en el barrio Calderón Muñoz. Cuando llegaron a trabajar la mañana del martes antepasado, encontraron que los portones estaban cerrados.

Las personas que laboraban en Domino’s Pizza se vieron burladas por su patronos, quienes les dijeron que no se presentaran a trabajar el viernes antepasado, porque había una bacteria e iban a limpiar. Pero cuando se dieron cuenta, los locales habían sido desocupados y se habían llevado hasta las pertenencias personales que guardaban en sus trabajos.

La operación simultánea se realizó en camiones contratados a Manuel de Freitas, venezolano con pasaporte Nº 63117890, quien procedió al demantelamiento con una autorización firmada por el representante legal de la empresa en Costa Rica, Blas Alvarado. Una copia de ese documento fue presentada por extrabajadores en la denuncia interpuesta ante el Ministerio de Trabajo.

Los camiones cruzaron el lunes siguiente sin problemas la frontera con Panamá llevándose los equipos.

Para supervisar la operación llegó de Panamá José Urraca, mexicano encargado de las operaciones de la franquicia Domino’s Pizza en ese país, Honduras y Costa Rica.La empresa, que pertenece al grupo mexicano Mozarella, quedó debiendo a los empleados y empleadas una quincena de salario más las prestaciones laborales.

Luego por medio del gerente financiero, Francisco Solano, los dueños prometieron pagarles el 50% de lo adeudado el 11 de febrero, y el resto en tres quincenas. Para hacerles la propuesta oficial fueron citados a una reunión en el edificio Cristal de San José, el miércoles de la semana pasada, pero se quedaron esperando, porque los representantes de la empresa, el abogado Rogelio Navas incluido, no llegaron.

Pese a ello, los afectados guardaban la esperanza de que los propietarios de la marca en Estados Unidos presionen a los concesionarios mexicanos para que paguen lo adeudado, a fin de evitar un mayor descrédito.

Varios exempleados denunciaron a UNIVERSIDAD las condiciones laborales indignas en la empresa, típicas en muchas transnacionales, como jornadas ilegales de más de ocho horas, sin el pago extra previsto en el Código de Trabajo.

En particular, denunciaron tratos humillantes de parte de una inspectora mexicana que envió la empresa para presionar por un incremento de las ventas, y afirmaron que era tanto el estrés, que muchos se iban antes de cumplir tres meses en el trabajo..

Uno de de los exempleados, Luis Avendaño, dijo que las jornadas eran de 12 y hasta 15 horas diarias, y que en el contrato que él firmó expresamente se decía que las horas extras se pagaban como horas ordinarias, contrario a lo establecido en el Código de Trabajo.

Relató que para presionarlos en elevar la producción y las ventas, pegaban en la pared los reportes de ventas en Panamá, pese a que el mercado es mayor allá que en Costa Rica.

Katerine Alvarez, quien era gerente en el local de Tibás, contó que durante el último año y medio a los gerentes no les pagaron el aumento salarial, con el argumento de que eran los encargados de la tienda, y a menudo se tenían que quedar trabajando horas extras sin pago, “por puro amor”. Dijo que en su caso, los lunes entraba a trabajar a las 8 de la mañana y salía a las 11 p.m., y el mismo horario tenía que hacer quien la reemplazaba los jueves.

Una que llegó a la fallida reunión con los representantes de la empresa fue Yariela Salas, quien fue despedida ilegalmente en el 2003, cuando estaba embarazada, y aunque ganó los juicios en los tribunales, seis años después no le han pagado las prestaciones.

Cargando un gran legajo de documentos relativos a los trámites realizados por ella ante el Ministerio de Trabajo y los tribunales, la joven relató que como la empresa se rehusó a acudir a conciliación, en el Ministerio la mandaron a pelear el caso en los tribunales. Tras años de lucha, el tribunal contravencional de Hatillo condenó a la empresa, pero ésta ignoró la sentencia y no ha pasado nada.

Domino’s Pizza no solo se fue sin pagarle a los empleados, sino que también quedó debiendo el alquiler de locales, los pagos a los proveedores y a la Caja Costarricense de de Seguro Social (CCSS).

La firma estaba inscrita en el país como Fairbanks Valley Holding INC, pero en octubre pasado cambió por el nombre de Senderos del Poás Corporación S.A., con el presunto fin de evadir los pagos.

Luis Diego Calderón, director de Cobros de la CCSS, dijo que en vista de lo acontecido revisaron y encontraron que la empresa tenía pendiente de pago lo correspondiente a la planilla de diciembre, que venció en enero, por un total de ¢6.829.554, y falta por ver cuanto corresponde a la que vence en febrero. “Estamos viendo la manera de recuperar ese dinero”, dijo.

Ante la pregunta de si habían comprobado que no hay evasión de pagos por cambio de razón social (nombre con el que aparece inscrita la empresa), dijo que “esa vertiente de investigación se analiza, pero aún no hay conclusiones”.

El cambio de razón social es un mecanismo que han usado algunos empresarios para simular un cese de operaciones y evadir el pago de cuotas a la CCSS.

Estos son parte de los 61.918 patronos morosos que figuran en las listas de la propia CCSS, con un impresionante acumulado de ¢138.000 millones, según dijo Roberto Mora, quien ha estudiado el tema durante seis años y con sus denuncias ha logrado que la institución cobre algunas de las sumas adeudadas.

Situaciones similares a la de Dominos’s Pizza, en las que empresas extranjeras se van del país de un día para otro, dejando al personal sin posibilidad de cobrar, se han repetido, y las autoridades no han tomado medidas para evitarlo. El último caso conocido fue el de la casa de apuestas BetOnSports, que ocupaba varios pisos en el Mall San Pedro, la cual cerró en agosto del 2006. La empresa dejó cesantes a cerca de 1.500 empleados, a quienes les prometieron cancelarles las prestaciones, pero se quedaron esperando hasta el día de hoy, según confirmaron algunos de ellos.

UNIVERSIDAD le preguntó al Ministro de Trabajo, Francisco Morales, por qué las autoridades no toman previsiones para evitar que estas cosas se repitan. Replicó que en la Asamblea Legislativa hay un proyecto de reforma laboral, que busca agilizar los procesos laborales para disminuir la mora judicial, ya que los juicios tardan años en resolverse. “Esa ha sido una iniciativa del mismo Poder Judicial, en una sana autocrítica, donde se ordena que en el caso de estas empresas los trabajadores tendrán prioridad”.

El ministro añadió: “Lo que sí podríamos estudiar eventualmente es que una empresa que ingresa a hacer una inversión, de una vez aparte un porcentaje para garantizar el pago a los trabajadores.”
Pero de eso se habla desde hace años y no se hace nada, se le recordó, a lo que repuso que en estos días habló con el Ministro de Comercio Exterior, Marco Vinicio Ruíz, “para ver si dentro de los mecanismos del TLC existe alguna figura jurídica que nos permita sancionar, si no a la empresa, sí a la franquicia, porque si estamos en un sistema de comercio mundial, las reglas éticas tienen que cumplirse.”

El desempleo de la crisis
Según el catedrático Leiner Vargas, una estadística conservadora permite prever que la crisis provocará un aumento de la tasa de desempleo entre 1% y 1.5%, lo que dejará sin trabajo a unas 50.000 personas y en situación de vulnerabilidad económica a 250.000 más, consideradas jefas y jefes de hogar cesantes y sus dependientes.

“En el 2009 la economía no solamente no va a crear los suficientes empleos para absorber a la gente que va a entrar al mercado laboral, sino que lo que va a pasar es que las empresas empiezan a despedir a parte de su personal”, dijo Vargas.

Explicó que entre el 2008 y el 2009 el aumento de la tasa de desempleo (que se calcula de la mitad de un año a la mitad del otro) sería entre 1% y 1.5%, lo que representa unas 35.000 personas. Pero como el desempleo también se da en sectores que no reportan a la seguridad social todo el personal que tienen, como es el caso de la construcción y el turismo, se puede hacer una estadística de alrededor de 50.000 personas que perderían su puesto.

“Si el promedio de la unidad familiar en Costa Rica es de 5 personas, uno podría pensar que 250.000 personas estarían en alta vulnerabilidad social a causa de esta situación en el 2009. Eso se da solo como resultado de la contracción económica, no estamos hablando de una situación de pánico, donde las empresas podrían caer en mayores despidos”, dijo Vargas.

Vargas dijo que como economista cree que este año la producción no va a tener ningún crecimiento, pero aun siguiendo las propias estimaciones del Gobierno, que bajó del 4.5% que anticipó el año pasado, a un 2.5% este año, ya eso tendría el efecto de aumentar el desempleo de 1% a 1.5%.

De esta forma, la tasa de desempleo abierto llegaría este año a 7.5%, a menos que haya un plan de empleo que se desarrolle, y que no se incluye en el “plan Escudo” presentado por el gobierno para enfrentar la crisis, apuntó.

Hay que considerar que no solamente va a aumentar el desempleo visible, sino también el invisible, es decir, las personas que trabajan medio tiempo o menos y personas que laboran por menos del salario mínimo. “Entonces el efecto es mucho más grande, por eso digo que es un cálculo conservador”, indicó."

Metiendo las de andar??

Tomado del semario Universidad



Mandatario ofreció aeropuerto para conseguir votos en referendo
TSE acordó archivar denuncia contra Óscar Arias
EDUARDO RAMíREZ F.redacción

Decisión del TSE podría fomentar mentiras y clientelismo en campañas políticas futuras, afirma el abogado denunciante.

Durante una gira por Palmar Sur -cantón de Osa-, el mandatario Óscar Arias prometió que les construiría un aeropuerto a cambio de apoyar el TLC. (Foto: tomada de la videograbación)
Una videograbación en la que el mandatario Óscar Arias prometía unos días antes de efectuarse el pasado referendo: "Ustedes nos apoyan con el TLC y nosotros les construimos un gran aeropuerto", fue desestimada por el Tribunal Supremo de Elecciones (TSE), el cual ordenó archivar la denuncia presentada por el abogado Adonay Arrieta Piedra. A pesar de que la queja contra el Presidente de la República la presentó Arrieta Piedra -quien es profesor de derecho en la Universidad de Costa Rica (UCR)- el 4 de octubre del 2007, el TSE no se pronunció sobre el caso sino hasta el 5 de marzo anterior, seis meses después. Cabe recordar que el 7 de octubre del 2007 se llevó a cabo el primer referendo en la historia del país, para que la ciudadanía decidiera si estaba de acuerdo o no con la ratificación del Tratado de Libre Comercio (TLC) entre Centroamérica, Estados Unidos y República Dominicana. Al visitar en el cantón de Osa la comunidad de Palmar Sur -unos días antes del referendo-, el presidente Arias dijo: "(...) hoy venimos a sellar un pacto: ustedes nos apoyan con el TLC, y nosotros les construimos un aeropuerto". Para el mencionado órgano electoral, "carece de sanción administrativa que el Presidente, durante su intervención, haya manifestado que construirá un aeropuerto, lo cual, de concretarse, lo sería con posterioridad al proceso consultivo (referendo), sin que se haya podido apreciar la utilización de recursos públicos". El denunciante Arrieta Piedra se mostró en total desacuerdo con el pronunciamiento del TSE, al igual que los juristas Jorge Enrique Romero Pérez -director del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UCR- y José Miguel Villalobos Umaña -ex ministro de Justicia-.Romero Pérez y Villalobos Umaña criticaron con severidad la argumentación jurídica de los magistrados Luis Antonio Sobrado, Eugenia Zamora, y Max Esquivel. Los miembros del Tribunal descartaron que "una exhortación general y pública dentro de una campaña electoral, como la que se ha denunciado, pueda obligar a un número indeterminado de personas a votar en determinado sentido, ante lo cual no aprecia ningún tipo de coacción en este asunto y procede a archivar la presente denuncia". No obstante que votó por archivar la denuncia, el magistrado Esquivel cuestionó el referido ofrecimiento del mandatario, por considerar que "resulta reprochable por innecesario y efectista cualquier sesgo discursivo que pretenda vincular el cumplimiento de tales compromisos, al resultado del proceso electoral consultivo". El abogado Arrieta Piedra presentó el 14 de marzo una gestión de adición y aclaración de algunos aspectos ante el TSE, la cual al cierre de esta edición (lunes 7) aún estaba en estudio y, por lo tanto, los magistrados no se podían referir al caso, explicaron en la oficina de prensa.

IRRESPETO DE LAS LEYES
Al formalizar su denuncia en octubre pasado ante el TSE, el docente de la UCR entregó un vídeo del momento en que el mandatario Arias prometía a vecinos de la zona sur la construcción de un aeropuerto, a cambio de que apoyaran el TLC en el referendo. De acuerdo con Arrieta, "no hay duda de que esto constituye no solo una coacción, sino también un comportamiento de los tipificados" por el TSE, el cual en sus resoluciones estipuló que "por sus connotaciones delictivas, constituiría un hecho de suma gravedad que se condicionen beneficios públicos a que los ciudadanos expresen estar de acuerdo con opiniones del Presidente (...)". Para reforzar sus directrices, el órgano electoral en sus resoluciones también recordó el artículo 152 del Código Electoral: "Serán sancionados con pena de dos a seis años de prisión: r) Quien, con dádivas, promesas de dádivas, violencia o amenazas compeliera a adherirse a una candidatura, a votar en determinado sentido o a abstenerse de votar (...)".Pese a las citadas disposiciones legales, el TSE hizo una serie de argumentaciones para eximir de responsabilidades a Arias, como aplicar el artículo 28 de la Constitución Política referido a que nadie puede ser perseguido por manifestar sus opiniones, o el artículo 29, que define el derecho ciudadano a comunicar sus pensamientos. En su razonamiento jurídico, los magistrados Esquivel, Sobrado y Zamora sostienen que "el hecho de que el mensaje externado por el Mandatario no pueda, materialmente, compeler a los ciudadanos a votar en el sentido indicado, lo convierte en una exhortación dirigida a los votantes que lo escucharon, misma que es consustancial a cualquier proceso electoral y que no es sancionable". Aunque contribuyó a darle unanimidad a la citada votación, el magistrado Esquivel adjuntó una reflexión de 9 páginas al pronunciamiento (de 12 páginas), tras estimar que "existe una labor formativa y educativa que resulta inherente a la función jurisdiccional del TSE y que en ese tanto, debe contribuir tanto al desarrollo de una ciudadanía activa, como al ejercicio responsable de la autoridad". En su opinión, las regulaciones del Tribunal buscaron que los funcionarios públicos pudieran apoyar o rechazar el TLC, "sin afectar sus obligaciones funcionariales ni comprometer indebidamente recursos institucionales". Lo dicho por el presidente Arias, "constituye, en criterio del suscrito magistrado, un desafortunado exceso retórico que desborda las formalidades propias de un compromiso gubernamental", recriminó Esquivel.

SUPUESTOS FALSOS
Respecto de la resolución del TSE, el director del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UCR -Jorge Enrique Romero- afirmó que se sustenta sobre supuestos falsos, como decir que el Presidente no usó recursos públicos (vehículos, personal, combustible y otros) para hacer campaña por el TLC durante sus giras, cuando es sabido que prometió el aeropuerto, o carros Mercedes Benz y motos BMW en la zona franca de Cartago. Romero Pérez cuestionó también que no se aplicaran en el referendo las prohibiciones contempladas por el Código Electoral, en vista de que este es supletorio de la ley de consulta popular y define castigos de cárcel para ofrecimientos como el referido. Otra falsedad señalada por el abogado es que el denunciante Arrieta Piedra no tuviera legitimidad para solicitar esta investigación, pues el TSE sí le dio rápido trámite a la queja que presentaron estudiantes, de que las universidades estaban usando recursos públicos en contra del TLC. Allí sancionó a las universidades para acallarlas, pero le dio completa libertad al Gobierno para que dijera lo que quería, recordó. "Esta resolución, como las anteriores, carecen de fundamento jurídico, y es simplemente una alegación de palabra", tendiente a apoyar al Gobierno y a los que están a favor del TLC. La violación existió y el Tribunal se la brincó con una garrocha como de 60 metros de largo, acotó. Si bien el TLC tiene la última palabra en materia electoral, "esto no significa que en este país -donde hay miles de profesionales y personas preparadas- no nos demos cuenta que las resoluciones que ha emitido, son muy deficientes y que vienen favoreciendo a los que están con el TLC", reprochó Romero. Igual de contundente fue en sus apreciaciones José Miguel Villalobos, ex ministro de Justicia, para quien fue muy evidente "la actitud despreocupada, irresponsable y hasta cínica del Presidente de la República" en sus ofrecimientos de cara al referendo.Villalobos catalogó de "monárquico" el comportamiento de Arias, al actuar como si fuera dueño de los recursos públicos y prometer con ellos cosas a cambio de apoyar el TLC. El ex ministro fustigó el fundamento legal de la resolución del TSE, al tiempo que indicó que no le tiene confianza. "Me hubiera sorprendido enormemente que hubiera hecho alguna consideración crítica hacia el Presidente de la República", agregó. Por su parte, el denunciante Arrieta Piedra, aunque disconforme con lo expresado por el Tribunal, rescató la posición de alguna manera discrepante del magistrado Esquivel. Sin embargo, en su criterio, la resolución es preocupante desde el punto de vista jurídico, ya que al legitimar la conducta del mandatario Arias, se convierte en jurisprudencia para futuras decisiones del TSE. Si en el futuro ocurre algo similar, tampoco tendría el Tribunal autoridad moral, ética o legal, para impedirlo, y se fomentaría el clientelismo político, advirtió. Arrieta comentó que si se criticó el uso del miedo en la campaña del referendo, con el pronunciamiento del TSE se promovería la mentira, dado que "se le está diciendo al Presidente de la República y a los funcionarios públicos, que no hay ningún problema en que prometan cosas, siempre y cuando no las cumplan", porque así no se configuraría el delito.

La prórroga del TLC

Correo interesante que me enviaron, con cosas que comparto.
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> Dialéctica>
> La prórroga del TLC>
> Juan Manuel Villasuso> > >
> 02/29/2008> >


El gobierno de Oscar Arias decidió solicitar una prórroga de siete meses para> la entrada en vigencia del TLC, la cual fue concedida sin ningún reparo por> Estados Unidos y los otros países de la región. Esa era una de las opciones que> existían y fue la que finalmente escogió Zapote. La otra era depositar en la OEA> el Tratado sancionado en la consulta popular de octubre antes del 29 de> febrero.> >

> Esas dos opciones las conocía muy bien el gobierno desde hace meses. En> realidad ambas están consideradas en el propio texto del TLC. El artículo 22.5> es muy claro cuando señala que:> >

> "Este Tratado entrará en vigor para cualquier otro signatario 90 días después> de la fecha en que el signatario notifique por escrito al Depositario que ha> completado sus procedimientos jurídicos aplicables. A menos que las Partes> acuerden otra cosa, un signatario no podrá realizar la notificación a la que se> refiere este párrafo después de dos años a partir de la fecha de entrada en> vigor de este Tratado".> >

> Si el Tratado entró en vigor al ser ratificado por Estados Unidos y por el> gobierno de El Salvador el 1º de marzo de 2006, tres cosas eran evidentes:> > > Primero, que había un plazo establecido de dos años para notificar al> Depositario (OEA), segundo, que ese plazo vencía el último día de febrero de> 2008 y, tercero, que las Partes (los países) tenían la potestad de modificar,> en cualquier momento, el plazo de los dos años (acordar una ampliación o> prórroga). > >

> Además, se sabía, tal y como lo señaló la Procuraduría General de la República,> que Costa Rica podía notificar al Depositario inmediatamente después de aprobar> el TLC en el referéndum, con lo cual el país se comprometía a la aprobación de> las leyes de la agenda complementaria que le darían eficacia al Acuerdo. >

> > Pero si esa lectura del texto del Tratado era tan clara, entonces ¿por qué> tanto enredo? ¿Por qué el estira y encoge y la amenaza de que si no se> aprobaban todas las leyes de la agenda complementaria antes del 29 de febrero> Costa Rica quedaría fuera del TLC? ¿Por qué meterle miedo a la gente con una> fecha que se podía modificar o que, en caso de notificar al Depositario,> otorgaba tiempo adicional para concluir el trámite legislativo? ¿No hubiera> sido mejor hacer las cosas con mayor transparencia y más tranquilidad?>

> > En verdad solo es posible interpretar la enorme presión y el gran apuro por> aprobar las leyes redactadas por el gobierno en función de dos razonamientos.> El primero de naturaleza político electoral: golpear al PAC y a los otros> diputados opositores con miras a las elecciones de 2010, acusándolos de> obstrucciones, antidemocráticos e irrespetuosos de la voluntad popular.> Aporrear ahora para que tenga efectos después.>

> > El segundo, más grave que el primero, el interés de precipitar el trámite> legislativo para aprobar, a golpe de tambor, leyes que van más allá del TLC,> silenciando así las voces que se alzan contra normativas consideradas como> inconvenientes para el país. Cercenar el debate parlamentario aplicando la> mayoría automática y el procedimiento bis.>

> > ¿Por qué dejó el gobierno la prórroga para última hora? ¿Por qué no la solicitó> antes y accedió para que en la Asamblea Legislativa se discutieran con seriedad> los proyectos de ley, permitiendo a los ciudadanos enterarse de los argumento a> favor y en contra?> >

> ¡Qué distintas hubiesen sido las cosas si en lugar de festinar las> deliberaciones y exponerse a las pifias reconocidas en la tramitología, el> Ejecutivo y la bancada oficialista hubiese actuado con mayor claridad y> voluntad de diálogo democrático! >

Juicio "neutro" de la UPOV?

Acá algunos datos de uno de los votantes que definó si se aprobaba o no tal convenio.
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FEDERICO SOSTO LOPEZ
Magistrado Suplente Sala Constitucional

JULIO 2003


En una comparecencia en la Asamblea Legislativa, dice Federico Sosto, siendo ya magistrado suplente de la Sala Constitucional, que: “...tengo clientes que son propietarios de casinos y adicionalmente, si he tenido interés, he ayudado a la Asociación de Casinos” . Ver: Acta No. 9 de la Comisión Especial Dictaminadora del proyecto de ley “Regulación de Casinos”, Expediente No. 15.120.





NOVIEMBRE 2005
Reelecto magistrado suplente de la Sala Constitucional, como parte de un pacto político en la Asamblea Legislativa. Federico Sosto fue recomendado por el Movimiento
Libertario y el entonces jefe de fracción, Carlos Herrera, admitió que es “un allegado a la fracción”. Ver: La Nación, 29 de noviembre de 2005.

ENERO 2007
Interviene de manera beligerante en el debate público sobre el TLC. Firma artículo junto a Rubén Hernández, asesor de Casa Presidencial y otros abogados de la campaña del “Sí al TLC”, en polémica con juristas de la UCR. Ver: La Nación, 28 de diciembre de 2006 y 15 de enero del 2007.



FEBRERO 2008
Decide con su voto varios de los puntos de la sentencia de la Sala Constitucional sobre la consulta legislativa del proyecto de Ley de Obtenciones Vegetales, que quedaron 4 a favor y 3 en contra, donde se establece que no hay “vicios sustanciales de procedimiento” ni inconstitucionalidades
por el fondo. Debió abstenerse. Ver: Sentencia No. 2521 del 22 de febrero del 2008, de la Sala Constitucional. Decide votación sobre Ley UPOV habiendo sido beligerante en el “Sí al TLC”



¿Sentencia NULA?

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Recién recibí tal nota por correo, si bien desconozco la fuente, aparentemente está bien respaldado.

El déficit del Gobierno (Otro "copi-paist" de interés)

El déficit del Gobierno

Harold Villegas Román
Politólogo y asesor PAC

Han pasado veinte meses desde que asumió don Oscar Arias el timón del barco del Gobierno costarricense. Si bien es cierto el estrecho triunfo en el Referéndum parecía dar oxígeno y una ruta clara a su gestión, hoy continúa la incertidumbre, la contradicción o la falta de rumbo en temas claves de la agenda estratégica del país.

Los aires navideños trajeron consigo cierto y prematuro tufo electoral, que se introduce como una variable difícil de obviar en esta nueva etapa del Gobierno. Tanto a lo interno del oficialismo como de sus aliados en la coalición (G-38) este tema condicionará muchas de las acciones y movimientos en el ajedrez político nacional. ¿Seguirán siendo el PUSC y el Movimiento Libertario vagón de cola del Gobierno? ¿Hasta cuándo durará esa alianza coyuntural y pírrica ante la ansiada
Meca del 2010?

La intensa campaña mediática para mostrar la obra del Gobierno, la intención de un acercamiento al diálogo con el principal partido de oposición, y los esfuerzos para construir una percepción ciudadana de que "el país avanza" parecieran ser señales de un giro en la conducción comunicacional del Gobierno pos referéndum. Sin embargo,
¿qué pasa con la agenda estratégica del país más allá del TLC?.

El tema social. La disminución de la pobreza y el desempleo debe
alegrarnos a todos, pero recordemos que es un fenómeno universal; también en todo América Latina se están reduciendo la pobreza y el desempleo. Sin embargo, la inflación (una de las más altas del continente) y principalmente la desigualdad calculada cuantitativamente en el Coeficiente de Gini, pero cualitativamente en
la fragmentación de la red social y en la percepción de dos Costa Rica, sigue siendo el principal talón de Aquiles en la conciliación de la política económica con la social. La política redistributiva, por ejemplo, en el aumento de las pensiones en el régimen no contributivo, en el programa Avancemos, al igual que una leve mejoría en regiones históricamente reprimidas y una mayor estabilidad en el empleo,
parecieran ser alicientes en la disminución de la pobreza. Pero no es suficiente, urge un cambio estratégico en la definición de ambas políticas para colocar en el centro el tema de la desigualdad y reconceptualizar la pobreza. Entre otras cosas, hay que mejorar la cobertura y la calidad de la educación, la política redistributiva en el acceso al crédito, así como la generación de oportunidades en el
empleo y sector productivo para el mercado interno. Además, de acciones concretas hacia sectores vulnerables como mujeres, niñez y adultos mayores.

La inseguridad ciudadana. Pese a esfuerzos aislados, este continúa
siendo un tema postergado en la agenda política nacional. El reciente informe de la Contraloría reafirma la falta de una política coordinada e integral que haga frente como política de Estado al aumento de la violencia, la inseguridad y el miedo en el país. Está claro que ni el aumento de policías ni el aumento de penas por sí mismo tienden a ser frente efectivo contra la inseguridad ni el delito. En necesario darle
prioridad de Gobierno y de Estado, definir claramente políticas y funciones a cada cuerpo policial e institución y transferir mayores recursos financieros al área. Por su parte, el Gobierno debe conducir un proceso de diálogo interpartidario y sectorial para la búsqueda de acuerdos que agilicen la aprobación de reformas como la Ley de Armas, la de Migración, y contra el crimen organizado, entre otras.

El tema fiscal. Se sigue postergando otro tema esencial y estratégico para mejorar la distribución de la riqueza y fortalecer la función social de nuestro Estado. No basta con mejorar la recaudación o con solo modernizar la Administración Tributaria si no se acompaña de cambios estructurales en la definición jurídica de los tributos. Por eso urge en primera instancia, y pese a la oposición de algunas cúpulas empresariales y sectores políticos, aprobar un impuesto de Renta que considere los principios de renta global y universal, que grave las expresiones de riqueza y a sectores de mayores ingresos bajo el principio de equidad impositiva. La reforma al Impuesto de Ventas convertido al de Valor Agregado debería esperar hasta tanto no se observen señales en los impuestos directos que graven la riqueza.

La política exterior. Hay que reconocer los esfuerzos de una agenda
proactiva en nuestra política exterior en estos meses. Sin embargo, se observan algunas indefiniciones o contradicciones. Primero, la principal hipótesis de conflicto sigue siendo el Río San Juan. Transferido a instancias internacionales, sigue sin resolverse, y sin agotar en primer lugar el diálogo bilateral, desaprovechando la capacidad negociadora y el prestigio de un Nóbel de la Paz. Quizás
nadie es profeta en su tierra, pero hubiese sido preferible mayor interés de nuestra parte. Segundo, la ruptura con la isla de Taiwán para establecer relaciones con China continental pareciera tener objetivos comerciales pero cortos en lo político, como fue el apoyo de China para un puesto en el Consejo de Seguridad, que como sabemos, parece más simbólico que estratégico al ser un espacio de poco margen
y reducido al poder de veto de las naciones permanentes. En este marco, principios emblemáticos de nuestra política exterior como la autodeterminación de los pueblos y la defensa de la democracia (léase respeto a los Derechos Humanos) parecieran haber quedado en segundo plano. Algo que no ha sucedido, por ejemplo, con el coherente apoyo de nuestro Gobierno al derecho del pueblo palestino a tener su propio
Estado. Tercero. El fallido ingreso al Foro de Cooperación Económica Asia-Pacífico (APEC) resulta un traspié pero debe ser un desafío hacia objetivos comerciales y de cooperación más estratégicos para el país.

Medio ambiente. Claramente "Paz con la Naturaleza" ha sido un discurso de buenas intenciones más que una realidad. En este tema, el Gobierno ha quedado en deuda y no hay compromisos reales para cambiar y promover legislación. Mientras tanto, la desmedida usurpación de nuestras costas, la desatención al recurso hídrico, el problema de los desechos sólidos, y el privilegio a monocultivos como la piña, y la quema de caña de alta contaminación, entre otros temas ambientales, siguen esperando una acción de emergencia nacional.

También es necesario mencionar la falta de una política y el desinterés del Gobierno para fortalecer y darle dirección al sector agropecuario, y las contradicciones en el tema ético y la lucha contra la corrupción, entre otros.

En general, se observa un Gobierno copado por la agenda comercial durante estos 20 meses, dígase TLC, y posponiendo la agenda estratégica país. En su efecto, hay datos claros de que variables del desarrollo humano parecen deteriorarse o sin avances significativos. Entonces, ¿podrá el Gobierno dar un giro clave en la conducción país?

_______________________
Letras en negrita resaltadas por el dueño del blog.

Att. Ottón Solís

Aunque Ottón no sea santo de mi devoción, esta carta es de interesante lectura.
Provecho.
___________________

PAC-OS-001-2008
30 de enero, 2008

Dr. Oscar Arias Sánchez
Presidente de la República
S. D.

Estimado señor Presidente:

He leído con atención su carta del 9 de enero en respuesta a la que le remitiera el 19 de diciembre. Mi intención con esa carta era señalar algunos puntos conflictivos y buscar acuerdos respecto a ellos. En nuestra opinión, el trámite de la agenda de implementación no está respetando el reglamento legislativo ni la letra de la ley del TLC, ley que quedó aprobada por los costarricenses el 7 de octubre. La defensa del Estado de Derecho es una de las obligaciones más importantes de cualquier partido político que se precie de ser democrático. De ahí nuestra preocupación.
En mi carta le expuse esas irregularidades. En primer lugar, le solicitaba transparencia en cuanto a los contenidos de los reglamentos y decretos que como parte de la agenda de implementación se están tramitando en el Poder Ejecutivo. El artículo 361 de la Ley General de la Administración Pública obliga a consultar a los interesados generales y directos. El PAC califica en el primer grupo. Sin embargo, a pesar de nuestra insistencia el Gobierno se ha negado permanentemente a informarnos y menos a consultarnos. Usted afirma que las medidas reglamentarias están en proceso de elaboración y discusión con los "actores competentes" ¿Quiénes son, esos "actores competentes" a que usted se refiere?

Por otra parte, aunque no fuese obligación legal, quizá el haber consultado esos decretos y reglamentos con el segundo Partido en cuanto a representación legislativa, hubiese sido una señal de que efectivamente usted ahora sí está dispuesto a reconocer ese lugar que nos dieron los costarricenses en febrero del 2006.

Lamentablemente, en relación con los otros tres aspectos planteados en mi carta, su respuesta causa aún mayores dudas sobre el compromiso de su Gobierno con el Estado de Derecho y con la institucionalidad democrática.
Acepta usted que respetar la ley del referéndum significa no excederse en aquello que exige el TLC. Sin embargo, por más que nuestros diputados ofrecen evidencia sobre numerosos excesos, se prosigue rechazando prácticamente todas nuestras mociones encaminadas a rectificarlos.

Por ejemplo, el TLC estipula una gradualidad en la apertura del sector de telecomunicaciones que no se contempla en los proyectos defendidos por su gobierno en la Asamblea Legislativa. Asimismo, el TLC estipula la creación de un fondo de subsidios que proteja una parte aunque mínima, de los principios de solidaridad y universalidad que han prevalecido en el acceso a este servicio. En Estados Unidos ese fondo es del 10% de la facturación de cada operador, por lo que no objetaría uno del 9% como el que estamos proponiendo. Sin embargo, su gobierno se empeña en que ese fondo no exceda el 2%, excediéndose de ese modo a lo votado el 7 de octubre en el referéndum y convirtiéndose en defensor, no de los costarricenses de menores recursos, sino de los intereses de las corporaciones multinacionales que son las que tendrían que pagar este canon.

Lamentablemente, usted no se refiere en su carta a nuestra afirmación de que el Artículo 208 bis del Reglamento Legislativo expresamente excluye la posibilidad de que sea utilizado para romper monopolios del Estado. Dedica unos cuantos párrafos a explicarme que ese monopolio se puede romper por medio de una ley, cosa que no hemos cuestionado. Nuestra objeción se relaciona con el hecho de que esa ley se está tramitando mediante un procedimiento –el 208 bis- el cual legalmente no se puede utilizar.

Por otra parte, Señor Presidente, alegar, como lo hacen ahora algunos proponentes de la apertura, que el 208 bis se puede utilizar para las telecomunicaciones porque no se trata de un monopolio estatal, sería un acto del más odioso cinismo. Usted mismo ha denunciado en reiteradas ocasiones esa condición. Por ejemplo, en su última entrevista antes del Referéndum dijo: "En este continente..., nadie, nadie, ni Cuba tiene monopolio de telecomunicaciones, internet, ni seguros, sólo Costa Rica" (Canal 7, 27 setiembre 2007).

Tampoco me contesta en su carta la pregunta sobre dónde en el TLC ratificado el 7 de octubre se establece el mecanismo de la Certificación por parte de Estados Unidos, mencionado por su Gobierno reiteradamente para asegurar que el PAC podría dar al traste con la decisión ciudadana del 7 de octubre. Como usted sabe, Estados Unidos puso en el tapete el instrumento de la Certificación por medio de una renegociación que no fue incorporada en el TLC sometido a referéndum en Costa Rica. Es decir, de acuerdo a nuestra legislación, en este caso aprobada por medio del referéndum, Estados Unidos no cuenta con la herramienta de la Certificación previa a que el Tratado sea depositado en la OEA. Y como aquí se trata del respeto a la letra de la ley, esto significa que ya el TLC existe legalmente y sólo basta con que su gobierno deposite el documento ratificado el 7 de octubre en la OEA. Ante este claro hecho legal, usted en su carta hace una sorprendente aseveración cuando afirma que como el mecanismo de la Certificación está incorporado en la legislación de Estados Unidos tenemos la obligación de respetarlo.

Señor Presidente: usted juró fidelidad a las leyes de Costa Rica al asumir la Presidencia de la República. No está dentro de sus obligaciones velar porque el país cumpla las leyes de Estados Unidos. Precisamente el TLC es un contrato en el que los países hacen explícita la normativa que quieren salvaguardar y reservar. ¿Será posible que mientras usted promueve una utilización del artículo 208 bis contraria a la letra del Reglamento Legislativo el cual si tiene rango de Ley, al mismo tiempo considere su deber respetar puntualmente leyes de Estados Unidos no incorporadas en nuestra legislación?

Señor Presidente, ¿sabe usted que su Ministro de Comercio Exterior informó por escrito a la Asamblea Legislativa que la enmienda que incorporó el mecanismo de la Certificación tendría validez únicamente si fuese aprobada por el Parlamento (¡por supuesto el de Costa Rica!)? ¿Sabe usted que el anterior Ministro de Comercio Exterior Lic. Manuel González, por lo demás defensor del TLC, comparte nuestra tesis de que la ley del TLC aprobada en el Referéndum no contempla la figura de la Certificación? ¿Sabe usted que la Sala IV expresamente resolvió (Resolución # 2007-09469, 3 julio 2007, pág. 144) que la Certificación era un asunto del derecho interno de Estados Unidos irrelevante para Costa Rica en el tanto no está incorporada en el TLC?

Por ello lo que procede, de acuerdo a nuestro Estado de Derecho, y se lo solicito respetuosamente, es que de inmediato deposite el TLC en la OEA y termine con la campaña de origen electorero relacionada con la fecha del 29 de febrero.
Señor Presidente, como puede darse cuenta sus respuestas me han dejado profundamente insatisfecho. Hoy estoy más convencido de la necesidad de utilizar los mecanismos legales e institucionales de que dispongamos para evitar que se materialicen tantas violaciones a nuestro Estado de Derecho, empezando por la misma Ley del Referéndum. No tengo duda que en la práctica es el PAC el que defiende el Referéndum del 7 de octubre al luchar para que no hayan medidas que excedan los contenidos del TLC ratificado ese día y para que no se incorporen normas que no están contempladas en ese TLC tal y como sucede con la de la Certificación.

Sin embargo, usted me invita a dialogar. Esto me da alguna esperanza de que encontremos algún espacio para tener intercambios sinceros y directos, pero sobre todo, conducentes a soluciones, ante tantas urgencias en otros temas como educación, infraestructura, seguridad ciudadana, protección del ambiente, legislación electoral, innovación tecnológica, estructura tributaria, politización de decisiones técnicas y corrupción en las más altas esferas del gobierno, entre otros.
Estos y otros temas demandan de acuerdos nacionales. Además de las propuestas del PAC, algunas de las cuales le he mencionado en anteriores misivas y que se encuentran desglosadas en nuestros documentos programáticos, le sugiero que considere la visión que algunos sectores productivos y sociales han presentado al país en un esfuerzo por construir rutas que promuevan el desarrollo acompañado por la paz social. Al respecto, le reitero que mucho puede avanzarse en la recuperación de la unidad nacional si se tomara en cuenta los documentos denominados Tercera República, donde la Cámara de Exportadores tuvo un importante liderazgo, Crisol, impulsado por organizaciones laborales, cooperativas y comunales y Diez Mandatos Impostergables con Visión de Largo Plazo para el Futuro Desarrollo del País, propuesto por la Unión de Cámaras.

Por otra parte, tenemos muchas preocupaciones en torno a la política macroeconómica. No parece coherente que mientras el Banco Central se ve obligado a emitir dinero para evitar que el ingreso de capitales externos revalorice excesivamente el colón, al mismo tiempo el Gobierno esté importando capitales por medio de nuevas deudas con el Banco Mundial, el BID, el BCIE y China. No parece correcto que la política de endeudamiento externo del gobierno dé al traste con la reducción de la inflación que debería resultar de una revalorización de la moneda. En todo caso, no parece correcto que un país sufriendo un peligroso déficit en las cuentas comerciales revalorice su moneda. No parece correcto que un país pobre como el nuestro, tanto que depende del ahorro externo público y privado para su crecimiento económico, tenga tasas de interés que castigan el ahorro interno privado. No parece correcto ignorar que la bonanza económica, tanto de Costa Rica como de prácticamente toda América Latina, se debe a fenómenos externos (la exportación masiva de capitales chinos y el alza mundial en el precio de las materias primas) y no a cambios sostenibles internos y que por lo tanto debe procederse con mucha cautela para evitar desequilibrios estructurales peligrosos en el futuro cercano. No parece correcto que se promueva una estrategia de desarrollo en la que los negocios más rentables como el de la banca y el comercio de tierras crecientemente sean propiedad de extranjeros.

En fin, dialogar y escuchar son activos de la democracia y existen numerosos temas que merecen una atención cuidadosa y acuerdos nacionales. Usted ha hecho a un lado esos activos, excepto cuando se trata de los que siempre están de acuerdo con todas sus posiciones. Por otra parte, pareciera que una sui generis estrategia de desconocer la existencia del PAC podría estar llegando a su fin. Así interpreto sus cartas y artículos desde diciembre pasado.

Sin embargo, no dé al traste con sus intentos de rectificar tergiversando mis palabras: es mal intencionada la distorsión contenida en un artículo reciente suyo donde insinúa que yo sólo quiero una reunión frente a los lentes de las cámaras. Lo que sostengo es que la mera existencia de la reunión, y por supuesto sus contenidos, deben ser públicos. En muchas ocasiones en reuniones secretas fuera y dentro del territorio nacional se ha pactado contra el país. Por ello, siempre lucharemos para que en la práctica los ojos y oídos de la ciudadanía estén presentes, pues este tipo de reuniones tienen sentido si son exclusivamente para promover sus intereses.

Finalmente, lamento que haya sido precisamente en los momentos en que yo inicio un período de cinco meses de compromisos académicos en la Universidad de Florida en Gainesville, Estados Unidos, y después de 22 meses desde que se terminó la campaña política, cuando usted haya decidido que es importante reunirse conmigo. A pesar de ello, en los términos aquí expuestos, siempre estoy a disposición para que nos reunamos, aunque signifique viajar desde Gainesville antes de junio.

Atentamente,

Ottón Solís

c./ archivo.

Acerca de la UPOV

Cumplo con mi papel de divulgar información, sírvanse:
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> > ASAMBLEA LEGISLATIVA DE LA REPUBLICA DE COSTA RICA
> > Fracción del Partido Acción Ciudadana
> >
> > Comunicado de Prensa
> > Lunes 14 de enero de 2008
> >
> > PAC lamenta profundamente aprobación del proyecto en primer debate
> >
> > Protección a las Obtenciones Vegetales generará pocos ganadores y muchísimos
> perdedores
> >
> > * Mientras las transnacionales y ciertos bufetes se beneficiarán del
> proyecto, los agricultores, los indígenas y los consumidores serán los grupos
> más perjudicados.
> > * Para el PAC es inaceptable un proyecto que permite la destrucción de
> cultivos así como confiscación de cosechas del agricultor, para defender
> multinacionales protegidas por grandes bufetes.
> > * Seis corporaciones acaparan el mercado mundial de semillas, agroquímicos y
> patentamiento de obtenciones vegetales. Sus contrapartes en Costa Rica son
> bufetes que abiertamente negociaron, apoyaron o canalizaron dineros de la
> campaña por el Sí al TLC.
> >
> > "> Este proyecto tiene un profundo impacto negativo para los campesinos, para
> las comunidades indígenas y para la seguridad alimentaria del país. Si se habla
> de que había elementos positivos y negativos en el TLC, este proyecto de
> Protección Obtenciones Vegetales es de lo más perjudicial que tiene esta agenda
> de implementación para el país.> "> aseguró el diputado del Partido Acción
> Ciudadana, José Joaquín Salazar.
> >
> > Entre los elementos negativos de este proyecto de ley figuran:
> >
> > * La eliminación del derecho de los agricultores a utilizar libremente las
> semillas de su cosecha.
> > * Limita el derecho del agricultor a disponer libremente del fruto de su
> trabajo y se le otorga al obtentor un derecho sobre el producto de la cosecha
> que el agricultor logra con semillas producidas por él mismo sino le ha pagado
> las regalías
> > * Proyecto permite destrucción de cultivos así como confiscación de cosechas
> del agricultor.
> > * Favorece la apropiación privada de nuestros recursos genéticos y
> biológicos. Se estimula la biopiratería de las transnacionales sobre materiales
> genéticos criollos en uso por los agricultores o indígenas. Ya existen en el
> mundo 147 casos documentados sobre estas prácticas, en los mismos países que
> han adoptado este tipo de leyes.
> > * Encarecería y dificultaría el acceso a las semillas de plantas esenciales
> para el abastecimiento interno, lo cual en una situación de crisis podría tener
> graves implicaciones para la seguridad alimentaria del país.
> > * Se antepone a leyes nacionales en biodiversidad y tratados internacionales
> que salvaguardan derechos ambientales y humanos que el país se ha comprometido
> a respetar.
> >
> > Gran negociazo de unos pocos
> >
> > Seis empresas acaparan el mercado mundial de agroquímicos, transgénicos, y
> patentamiento de obtenciones vegetales, estas son: BASF, DOW Agro Scienses,
> Bayer Crop Sciense, Syngenta Crop Protection, Dupont y Monsanto Chemycal
> Corporation. En menos de 10 años, por ejemplo Monsanto registró el 82% de
> todas las semillas transgénicas del mundo. Hoy son dueños de la patente de
> soya, arroz, trigo y también son dueños de la soberanía alimentaria de los
> países que dependen de estos productos.
> >
> > Estas transnacionales tienen una contraparte costarricense, socios dentro de
> bufetes apilando patentes, registros y demás trámites de propiedad intelectual.
> La red de bufetes vinculados son: Guardia & Cubero, Pacheco & Coto, Daremblum
> Herrera & Asociados, Zurcher Odio & Raven, Bufete Bagra e individualmente
> Victor Vargas Valenzuela.
> >
> > Comunicaciones-PAC
> > Fracción del Partido Acción Ciudadana (PAC)
> > Asamblea Legislativa
> > Costa Rica
> > Telfax: (506) 243 2012
> > Correo Electrónico: comunicaciones-pac@asamblea.go.cr

Lo dice Wikipedia

Lo copio directamente de Wikipedia, los hipervínculos se perdieron y ahora no tengo chance de arreglarlo, mis disculpas.
__________________________

Óscar Arias Sánchez
De Wikipedia, la enciclopedia libre
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Óscar Arias Sánchez

• Partido político Partido Liberación Nacional
• Predecesor Luis Alberto Monge Álvarez
• Sucesor Rafael Ángel Calderón Fournier
Período 8 de mayo de 1986 –
8 de mayo de 1990
Período 8 de mayo de 2006 –
8 de mayo de 2010
• Predecesor Abel Pacheco de la Espriella
Profesión Politólogo

Óscar Rafael de Jesús Arias Sánchez (Heredia , 13 de septiembre de 1940) es un político costarricense, actual presidente de su país, y el primer ganador del Premio Nobel (y hoy día el unico costarricense que ha ganado este premio) en convertirse en mandatario de una nación latinoamericana. Abogado, economista, politólogo, empresario y filósofo, gobernó el país durante el período 1986 a 1990.

Recibió el Premio Nobel de la Paz en el año de 1987 , por haber participado de los procesos de paz en los conflictos armados de América Central de los años ochentas, especialmente por su férrea oposición al apoyo estadounidense en el conflicto nicaragüense de los contras.

Recientemente se encuentra en una posicion donde mantiene su apoyo a uno de los principales temas de la campaña, la ratificación del Tratado de Libre Comercio entre Estados Unidos, Centroamérica y República Dominicana; sin embargo en Costa Rica hay sectores que adversan la aprobación del tratado como otros que la apoyan.

Lanzó su nombre como candidato a la presidencia del país en junio de 2005, después de que la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia declaró que la reforma a la Constitución que impedía la reelección presidencial violaba derechos básicos de los ciudadanos. Ganó las elecciones del 2006 con un estrecho margen, de 1.1% sobre su inmediato seguidor, Ottón Solís Fallas. La reelección del Dr. Arias es un hecho que sucede por primera vez en los últimos 36 años.

Tabla de contenidos
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1 Biografía
2 Vida política
3 Primer Mandato presidencial (1986-1990)
4 Fundación Arias para la Paz
5 Libros publicados
6 Críticas
6.1 Oscar Arias y el Neoliberalismo
6.2 Reelección Presidencial
6.3 Proceso del TLC
7 Enlace externo
8 Véase también
9 Referencias



Biografía
Arias nació en Heredia, Costa Rica el 13 de septiembre de 1940.

Estudió Derecho y Economía en la Universidad de Costa Rica . Su tesis de graduación para la Licenciatura en Economía por esa universidad, "Grupos de presión en Costa Rica" le hizo merecedor, en 1971, al Premio Nacional de Ensayo.

En 1967 obtiene su título de Master en Ciencias Políticas, de la Universidad de Essex, Inglaterra. Allí presentó su tesis "Un Estudio sobre el Liderazgo Formal en Costa Rica", en lo que fue su primer ensayo sobre política de muchos que ha escrito.

En 1974 recibió el Doctorado en Ciencias Políticas en la Universidad de Essex, Inglaterra.

Luego fungió como profesor de Ciencias Políticas en la Universidad de Costa Rica


Vida política
Mientras cursaba sus estudios en la universidad, ingresó en las filas del Partido Liberación Nacional, cuando tenía 20 años, y desde entonces, escaló posiciones políticas en forma rápida.

Corría el año 1970 cuando el entonces Presidente José Figueres Ferrer lo nombró asesor suyo en la Casa Presidencial y posteriormente, le nombra Ministro de Planificación Nacional. Su desempeño en este puesto, hizo que don Daniel Oduber Quirós, sucesor de Figueres en la presidencia, le mantenga en ese Ministerio en 1974.

Para las elecciones de 1978 fue electo Diputado.

En el año 1981, postuló su nombre como candidato a la Secretaría General del Partido Liberación Nacional. En 1985 es elegido candidato a la Presidencia de la República para las elecciones del siguiente año, las cuales gana sobre su contendor, Rafael Ángel Calderón Fournier.


Primer Mandato presidencial (1986-1990)
Una vez en el gobierno, el Dr. Arias aplicó medidas económicas destinadas a bajar la deuda externa del país. Sin embargo, sus esfuerzos también iban encaminados a encontrar la paz en América Central, que estaba siendo golpeada por las guerrillas en ese entonces, y la inestabilidad política que causaban en toda la región los roces entre Estados Unidos y el Gobierno Sandinista de Nicaragua, quienes en ese entonces tenían el apoyo de la Unión Soviética, como parte de la Guerra Fría que vivían esos dos países. Tal intervención incrementó el rigor de una guerra civil que ya había cobrado más de 100 mil vidas en Guatemala, y agravó la inestabilidad política en El Salvador, al mismo tiempo que creó fuertes tensiones fronterizas entre Nicaragua y sus países vecinos, Honduras y Costa Rica.

El Dr. Arias, convocó a los presidentes de El Salvador, Guatemala, Honduras y Nicaragua con el fin de llevar adelante el proceso de pacificación, iniciado por el Grupo de Contadora, proceso que había quedado paralizado debido al conflicto civil en Panamá y a las tensiones entre Estados Unidos y Nicaragua, antes mencionadas.

Dicho proceso vio luz en Guatemala con la firma del denominado Plan Arias para la Paz el 7 de agosto de 1987, acuerdo que también se le conoce como El Acuerdo de Paz de Esquipulas. Sus esfuerzos pacificadores fueron reconocidos internacionalmente cuando le fue otorgado el Premio Nobel de la Paz ese año, y posteriormente, en 1988, el Premio Príncipe de Asturias de Cooperación Internacional.

Costa Rica mantuvo la ventaja en la región de ser un país con una economía sana y un alto nivel de vida en la que el Producto Interno Bruto experimentó como promedio un incremento del 5% anual, a lo que se agrega una reducción de la tasa de desempleo la cual llegó a un 3.4%, para ser la más baja del hemisferio.

Este desarrollo económico tuvo como balance, el desarrollo de un fuerte programa de bienestar social que incluía, entre otras cosas, proveer vivienda menos favorecidos de la sociedad (la promesa de campaña de la construcción de 80 mil viviendas).


Fundación Arias para la Paz
Artículo principal: Fundación Arias para la Paz y el Progreso Humano
El contenido económico del Premio Nobel para la Paz que recibió en 1987, fue destinado en su totalidad por el Dr. Arias para establecer la Fundación Arias para la Paz y el Progreso Humano.

Se establecieron tres programas bajo el patrocinio de la Fundación:

El Centro para el Progreso Humano, para promover la igualdad de oportunidades para las mujeres en todos los sectores de la sociedad centroamericana;
El Centro para la Participación Organizada, para promover el cambio en la orientación filantrópica en América Latina;
El Centro para la Paz y la Reconciliación, que trabaja en pro de la desmilitarización y la resolución de conflictos en el mundo en vías de desarrollo.
Desde esas bases, el Dr. Oscar Arias ha continuado su búsqueda por alcanzar la paz global y la seguridad humana. Recientemente lanzó una iniciativa que busca el establecimiento de un Código Internacional de Conducta para la Transferencia de Armas.


Libros publicados
1970 Grupos de presión en Costa Rica
1976 Quién gobierna en Costa Rica
1977 Democracia, independencia y sociedad latinoamericana
1978 Los caminos para el desarrollo de Costa Rica
1979 Nuevos rumbos para el desarrollo costarricense
2005 Hagamos juntos el camino -Discursos, artículos y ensayos-

Críticas

Oscar Arias y el Neoliberalismo
Oscar Arias Sanchez es considerado por sectores del país como el introductor en su periodo de 1986 – 1990 del neoliberalismo, política que consideran que no solo no dio los resultados prometidos en ese momento, sino que deterioro las condiciones de vida de un sector importante de la población, y al amparo de estas políticas de apertura y privatización se dieron concesiones al sector privado desfavorables para el país.

Un ejemplo de esto es el caso Millicom, en el cual Oscar Arias Sánchez firmó el 4 de diciembre de 1987, el decreto N° 268 en el cual le concesionó, a la empresa COMCEL subsidiaria de Millicom en Costa Rica, la telefonía celular, cuando las telecomunicaciones son un monopolio estatal en Costa Rica. Este hecho fue declarado, años más tarde, inconstitucional por la Sala IV.
Otro intento de privatización en el Instituto Costarricense de Electricidad (ICE), ocurrido durante la administración 1986–1990, fue la creación de la Empresa Costarricense de Telecomunicaciones (ECOTEL), proyecto que consistió en la venta de acciones del Instituto Costarricense de Electricidad (ICE). Este último en la nueva empresa ECOTEL tendría el 40% de las acciones y se le dejaría al sector privado el resto. Este proyecto fue aprobado por la junta directiva del ICE de la administración 1986-1990, pero tuvo que ser archivado ante la resistencia de sectores de la sociedad costarricense.
Fue también en la primera administración de Arias, cuando se aprobó la Ley 7200, que autoriza la generación eléctrica privada. Esta ley permite que empresas privadas le vendan energía al Estado, generando una baja en los ingresos estatales, con tarifas calificadas como ilegales por la Contraloría General de la República en su informe N° 90-2000 de abril del año 2000. En el año 2003 se firmó, al amparo de la Ley 7200, un contrato de venta de electricidad entre el ICE y el Ingenio Taboga, propiedad de Oscar Arias.
[1] [2] [3 ] [4]


Reelección Presidencial
Es de conocimiento público en Costa Rica que el hoy mandatario Oscar Arias intentó en varias oportunidades que se modificara la Constitución Política de Costa Rica para que se permitiera la reelección presidencial, la cual estaba expresamente prohibida en la carta magna.

Primero intento hacerlo por medio de la Asamblea Legislativa pero por este medio fracasó.
Luego por medio de la Sala IV o Tribunal Constitucional de Costa Rica y un primer recurso interpuesto por Arias ante la Sala IV es rechazado por 4 de los 7 magistrados que integraban la Sala en ese momento.
Sobre este hecho Guido Sáenz Ex Ministro de Cultura y miembro del mismo partido de Arias tiempo después hace estas polémicas declaraciones en su libro autobiográfico Piedra Azul, Atisbos de mi Vida, textualmente dice lo siguiente: "Lo llamé (refiriéndose a Oscar Arias) en cuanto me enteré de la catástrofe (el fallo negativo de la Sala Constitucional), y me dijo: Guido, yo estaba cien por cien seguro que me pasaban la reforma. Tenía la promesa de cuatro magistrados, uno me traicionó". Ante esto, Guido Sáenz fue llamado ante la Asamblea Legislativa a dar explicaciones de estas declaraciones que para los diputados dejaban ver la influencia ejercida por Oscar Arias en la Sala Constitucional, pero el Ex ministro solo se limitó a decir que fue un error de su parte.

En un segundo recurso de Arias de nuevo ante la Sala IV esta vez los magistrados cambian la Constitución Política de Costa Rica para permitir la reelección presidencial, y aunque los dos recursos interpuestos por Arias se fundamentaron bajo el mismo argumento, los magistrados dictan en esta segunda ocasión una sentencia totalmente diferente.
Ante este fallo el Ex presidente de Costa Rica Luis Alberto Monge Álvarez y también miembro del PLN, mismo partido de Oscar Arias Sanchez, se referirse a la modificación de la Constitución Política de Costa Rica por parte de el la Sala IV como un Golpe de Estado Técnico dado que según su opinión este fue un acto totalmente ilegal, y de evidente de tráfico de influencias de Oscar Arias ante la Sala IV, quien se atribuyó una facultad que no le correspondía al cambiar la Constitución Política dado que su función era velar por el cumplimiento de la Constitución, y cambiarla es una facultad exclusiva del Congreso. El mismo Arias manifestaba antes de llevar el tema de la reelección a la Sala IV, que sacar el tema de la reelección presidencial de la Asamblea Legislativa para llevarlo al Poder Judicial sería una actitud antidemocrática y una burla a los costarricenses.

[5] [6] [7 ] [8] [9 ] [10] [11 ]


Proceso del TLC
Recientemente, otro motivo de gran polémica ha sido la actitud de Oscar Arias frente a la aprobación o no del Tratado de Libre Comercio ( TLC) con Estados Unidos, y su participación en un proceso que los opositores de este tratado consideran estuvo lleno de vicios.

Según los opositores del TLC un ejemplo de esto fue el memorando en el que, se le hacían recomendaciones a Oscar Arias Sánchez por parte de su Vicepresidente y su primo el diputado Fernando Sánchez, para que se aprobara en el referendo el TLC. Este memorando fue enviado por correo electrónico y fue sustraído de la cuenta personal de correo del vicepresidente. Algunas de esas recomendaciones hechas a Arias fueron:

Incentivar el miedo en los trabajadores de perder su empleo en caso de no aprobar el TLC
No girar recursos en los próximos tres años a los alcaldes que perdieran su cantón
Burlar al Tribunal Electoral para que funcionarios del Gobierno pudieran hacer campaña a favor de este tratado
Sin embargo, no se aplicó ninguna de las recomendaciones que se mencionaron en el memorando. Posteriormente el vicepresidente Kevin Casas renunció a su cargo.

Al respecto, ha causado gran controversia lo que los opositores del tratado consideran tráfico de influencias de Oscar Arias ante el Tribunal Electoral costarricense para que este permitiera la intervención del mandatario para favorecer la aprobación del TLC, por medio de:

Cadenas de radio y televisión de tiempos oficiales en las cuales Oscar Arias explicaba lo que consideraba son las bondades del tratado
Giras de Arias por comunidades y fábricas del país en las que incentivaba a los pobladores y empleados a votar a favor del TLC
Promesas por parte de Oscar Arias como: "con el TLC los costarricenses que tienen una bicicleta la cambiaran por una motocicleta BMW, y los que tienen un auto hyundai con el TLC tendrán un auto Mercedes Benz "
Lo anterior estando expresamente prohibido en el Código Electoral costarricense la participación de funcionarios del Gobierno en asuntos electorales. (sin ref. )

[12] [13] [14 ] [15]


Enlace externo
Biografía por Fundación CIDOB

Véase también
Política de Costa Rica
Laureados de los Premios Nobel por País
Wikiquote

Wikiquote alberga frases célebres de o sobre Óscar Arias Sánchez.

Referencias
↑ http://www.estadonacion.or.cr/Info2006/Paginas/carpeta.htm
↑ http://www.tribunademocratica.com/2006/07/costa_rica_vive_la_tragedia_oscar_arias_asegura_director_de_eco_catolico.html
↑ http://groups.google.co.cr/group/boletinhistoria_ucr/browse_thread/thread/9b124bb615e3412f/a46d4e58996f36c7
↑ http://www.aporrealos.org/internacionales/a21196.html
↑ http://www.tribunademocratica.com/2006/02/monge_llama_a_e.html
↑ http://donatien.wordpress.com/2006/04/12/oscar-arias-presidente-inconstitucional-de-costa-rica/
↑ http://www-ni.laprensa.com.ni/archivo/2004/octubre/01/elmundo/elmundo-20041001-03.html
↑ http://www.fit-ice.org/foro/crisisdemocratica.htm
↑ http://www.nacion.com/ln_ee/1999/diciembre/02/pais1.html
↑ http://www.elsalvador.com/noticias/2006/02/21/editorial/edi3.asp
↑ http://www.nuestraamerica.info/gacetilla.hlvs?id=38
↑ http://www.prensalibre.co.cr/2007/mayo/30/nacionales01.php
↑ http://www.aldia.co.cr/ad_ee/2007/septiembre/23/nacionales1250975.html
↑ http://www.prensalibre.co.cr/2007/setiembre/11/nacionales08.php
↑ http://frenteamplio.org/bitacora/index.php?blog=1&title=un_plan_delictivo&more=1&c=1&tb=1&pb=1
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Acerca de tratados, patentes y material biológico

Acerca de tratados, patentes y material biológico

César Chacón

En este texto solo pretendo llamar la atención sobre algunos aspectos de las patentes y los tratados bilaterales con respecto al material biológico. Cuando se habla de material biológico la gente tiende a pensar en plantas, bacterias, virus, pero habitualmente olvidamos que el material biológico de mayor importancia somos nosotros mismos.

Desde la década de los 80 y paralelamente al rápido desarrollo de la ingeniería genética el sistema de patentes se ha venido ampliando gradualmente hasta incluir patentes sobre organismos vivos manipulados genéticamente y posteriormente a algunos ya existentes en la naturaleza a través de subterfugios legales.

La patente confiere al titular de la misma derechos exclusivos de usufructo por una cantidad de años predeterminada. Por otra parte, para usar dicha idea invento hay que pagarle una licencia al titular de la patente en concepto de derechos de autor.

Para poder patentar una idea o invento este debe reunir algunas condiciones: a) debe ser algo novedoso, tiene que tratarse de una idea o invento nuevo, nunca antes conocida o empleada por alguien, ya que de lo contrario sería un plagio y la patente carecería de sentido, b) en segundo lugar debe ser de utilidad, por lo que la solicitud tiene que explicar el funcionamiento del invento y porqué es útil y c) por último tiene que implicar un paso creativo importante.

El interés que ha suscitado el uso comercial de los recursos genéticos ha hecho proliferar los programas de prospección de la industria biotecnológica por todo el mundo y la biopiratería se ha convertido en una práctica habitual de las grandes empresas biotecnológicas y farmacéuticas de los países desarrollados. Entre los 'productos' que ya han sido patentados se encuentran microorganismos, especies de cultivos de alimentarios básicos, organismos genéticamente modificados, animales clonados y el mismo genoma humano.

Para establecer las reglamentaciones de estos recursos se han inventado los llamados tratados bilaterales. Un tratado bilateral es un acuerdo convenido directamente entre dos o más países en torno a diferentes cuestiones tales como el comercio, las inversiones, la investigación científica, la cooperación al desarrollo o los derechos de propiedad intelectual. Tienen un peso especial en la agenda política de los Estados aquellos acuerdos con contenidos comerciales o relativos a las inversiones, por su importancia en las relaciones de poder económico. Pero en las distintas áreas sobre las que versan los tratados aparecen cada vez más a menudo condiciones respecto a los derechos de propiedad intelectual sobre seres vivos.

Los tratados bilaterales se convierten en un sistema efectivo de homogenización de las condiciones de mercado comparativamente a los tratados multilaterales, mejorando sustancialmente el terreno de juego para las transnacionales que actúan en los países en vías de desarrollo. Estos tratados bilaterales en ocasiones van mas allá de los límites establecidos por la Organización Mundial del Comercio (OMC), dando acceso preferencial a mercados nuevos, inversiones extranjeras, fondos de investigación y facilitando la creación de paraísos fiscales, es decir, estableciendo unas relaciones de poder desiguales.

Debemos cuestionarnos necesariamente la legitimidad, de los países ricos para desarrollar estas negociaciones en las que se que les imponen a los países del sur condiciones al margen de sus preferencias nacionales, y que no tendrán más remedio que aceptar al verse atrapados en estructuras de dependencia debido a su condición de países subdesarrollados.

Lo que muchas veces aparece ante la opinión pública como acuerdos de inversión, cooperación al desarrollo o colaboración científica acaba siendo en la práctica algo muy distinto y más parecido a una nueva formula de explotación. También estaría dentro de este debate el efecto de la implacable presión de las transnacionales de la industria biotecnológica y agroalimentaria en el proceso de toma de decisiones de los organismos implicados.

Las ONG deberían evidenciar la flagrante violación de un derecho humano como es la soberanía alimentaría, así como todas las normas establecidas por los instrumentos internacionales que protegen los conocimientos y costumbres tradicionales de los pueblos, ¿alguien se ha parado a pensar que las vacas sagradas de la India quizás estén patentadas?

Los tratados bilaterales con prescripciones sobre patentes biotecnológicas rebasan las normas establecidas por organizaciones multilaterales como la OMC. Eliminan todos los límites de excepción para los seres vivos en las leyes de patentes y pasan desapercibidos ante gran parte de la opinión pública evitando de esta forma la crítica.
Los Países desarrollados pretenden con estos Tratados Bilaterales facilitar la obtención de patentes a las multinacionales, rebajando el nivel de burocracia imponiendo en algunos casos a los países en vías de desarrollo la pertenencia a la UPOV (Unión para la Protección de las Obtenciones Vegetales, un convenio creado en Europa hace 40 años como un tipo de sistema de protección de los derechos de propiedad intelectual de los fitomejoradores comerciales, modelado en el sistema de patentes industriales y suscrito principalmente por países desarrollados) y a la adhesión al Tratado de Budapest.
La revolución de la ingeniería genética puede aportar grandes beneficios a la humanidad, pero una revolución implica un cambio de sentido en la trayectoria. La llamada revolución solo ha sofisticado el método de explotación de los más pobres.
El Tratado de Budapest

El Tratado de Budapest obliga a los países adheridos a reconocer como evidencia de invención la presentación física de una muestra de un organismo para la tramitación de los derechos de patente. Lo característico de cualquier sistema de patentes es la obligación de revelar los detalles especificidades de un invento, pero los seres vivos son demasiado complejos como para describirlos minuciosamente. Por eso, bajo el Tratado de Budapest, la presentación y depósito de una muestra o ejemplar basta para cumplir con el requisito de revelación y descripción pormenorizada.

Este tratado –que cuenta con 49 Estados miembros, de los cuales 47 son del Norte y sobre él las normas de la OMC no se pronuncian a favor del Tratado de Budapest como sistema de patentes sobre microorganismos; sin embargo, Corea, México, Marruecos y Túnez se vieron obligados a incorporarse a ese sistema como correlato de acuerdos bilaterales con países industrializados.

Cuáles son las implicaciones directas de esto? Bueno, el tratado en sí en sus 20 artículos y su reglamento no define lo que se entiende por microorganismo, al no existir una definición clara y propia automáticamente se puede describir bajo este rubro cualquier ser vivo o partes de él, como es el caso de los genes o proteínas producidos por los seres vivos.

Esto implica que cualquier compañía que venga al país y encuentre un organismo que le sea útil para sus fines económicos, puede recolectarlo y con solo presentarlo este puede ser patentado, registrado y almacenado sin derecho a reclamar nada ni obtener beneficio el país de esta patente, ya que como expliqué antes la patente confiere los derechos de explotación a su dueño únicamente, así una especie de la que se obtenga la cura del cáncer puede quedar patentada para que quien la patentó la venda al precio que guste. Nosotros como país no tenemos ningún derecho sobre esta producción.

Esto abarca también desde mascotas hasta sus propias células, es decir si usted o alguien decide patentar su perro puede y si hay algo valioso en este perro solo usted o el que lo patentó puede explotarlo, puede sonar ridículo pero hay casos ya con antecedentes legales. Hace algunos años en el propio Estados Unidos se dio el caso de un grupo de médicos que analizando las células de un paciente hallaron que podrían ser de utilidad en el estudio de procesos clínicos, por lo que patentaron las células sin permiso del paciente, el cual los llevó a la corte, la cual falló en contra de él ya que se argumentó que una vez que las células están fuera del cuerpo ya no son suyas ¿Qué piensa al respecto?

Un caso similar se dio en Panamá donde un equipo de investigación intentó patentar la línea celular de una indígena, ya que esta era útil en estudios médicos, pero la dueña de las células nunca se enteró. El vecino país hizo gestiones para evitar esto pero como es obvio estamos a merced de los grandes intereses y este tipo de tratados solo regala nuestra biodiversidad y hasta a nosotros mismos. Piense en el futuro de sus hijos y familiares cuando lea esto.

Órgano de derechos humanos inquieto por efectos de TLC.

La siguiente información es tomada literalmente del semanario SURCOS PARA LA DEMOCRACIA PARTICIPATIVA (Año1, Nº 2, 7-13 de diciembre de 2007 ISSN: 1659-3340 PRENSA ALTERNATIVA). No pretendo en este blog iniciar conflictos de derechos de autor o semejantes, sino lograr una mayor difusión de sus notas. Si alguno de los miembros de la Editorial Arado siente comprometidos u ofendidos los derechos de sus publicaciones, por favor comuníquemelo por este medio para el cese inmediato de publicación de las entradas basadas en su semanario. Gracias.

Att GAlcidesS.

_____

Órgano de derechos humanos inquieto por efectos de TLC.

El Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (Comité), con sede en Ginebra, han manifestado a una delegación costarricense su preocupación por los efectos que tendrá el Tratado de Libre Comercio de Centroamérica sobre los derechos humanos, en particular sobre en derecho a la salud, la alimentación y el agua.

En respuesta a la pregunta sobre el alcance de los planes del gobierno de Costa Rica para indemnizar los ciudadanos costarricenses más afectados por el tratado comercial, la delegación respondió que el gobierno intentará garantizar que se indemnice a aquellas personas que se vean más perjudicadas por el Tratado de Libre Comercio de Centroamérica a fin de que su sufrimiento sea menor que si no recibieran esa indemnización.

Las preguntas formuladas por el Comité, el 5, 6 y 7 de noviembre a la delegación costarricense, dan a entender que los negociadores del Tratado de Libre Comercio no tuvieron suficientemente en cuenta como hubieran debido, las obligaciones dimanantes del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, y que el gobierno debió tomarlas en consideración, antes de que se ratificara el Tratado de Libre Comercio de Centroamérica', afirmó un observador próximo al proceso.

El Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales es un órgano formado por expertos independientes en derechos humanos, encargado de supervisar la aplicación de los derechos económicos, sociales y culturales en los 157 países del mundo que han ratificado el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales.
Se puede obtener más información sobre el Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales en la siguiente dirección: http//www.ohchr.org.spanish/bodies/cescr/index/htm

Personas de contacto: Caroline Dommen, Directora de 3D, por correo-e cdommen@3dthree.org, o por teléfono +41 (0)79 412 7207 y Zoe Goodman, Auxiliar de Programas de 3D, por correo-e zgoodman@3dthree.org, o por teléfono +41 (0)76 257 4543
Pero los Comités Patrióticos no solo abordan estos temas en su trabajo cotidiano. También se han abocado a buscar fuentes alternativas de comunicación, trabajar por el desarrollo de sus comunidades y todo lo que sea beneficioso y promueva la participación ciudadana.

Entre estas tareas los comités han definido acciones inmediatas como oponerse a los planes de apertura, privatización y concesión de las instituciones públicas, crear estrategias de resistencia coordinada y simultánea en todo el país, así como realizar una campaña internacional de denuncia de las irregularidades vividas en el proceso del referendum.
___

Nota del pie de foto de la portada: "En México, 14 años con TLC y las zonas rurales nunca vieron las "grandes oportunidades"".

EL REFERENDUM ES JURIDICAMENTE NULO

Cumpliendo con mi deber de informar algunas cosillas, les comparto un mensaje de correo-e que anda circulando, al menos para generar inquietudes.
___________________________________________________________________

El Movimiento Patriótico Nacional del NO al TLC y los Comités Patrióticos de todo el País, que representamos prácticamente la mitad de los votos emitidos el día 7 de octubre en la consulta del referéndum, a la ciudadanía costarricense manifestamos justamente indignados y en forma vehemente, las razones de hecho y de derecho que motivan la ilegalidad del resultado del referéndum, por la crasa antijuridicidad y la burla a la democracia perpetradas en dicho proceso.

1.
En doctrina jurídica poder más terror es tiranía. Fue bajo esa doctrina que actuó el Gobierno al violentar la institucionalidad del país y normas de derecho internacional, normas de derecho interno, y la conciencia ciudadana que miró estupefacta el atropello desde el poder y el asalto a la dignidad ciudadana. Fue esa doctrina la que ordenó la aplicación del memorandum Casas-Sánchez desde el Poder Ejecutivo, y desde el mes de julio de este año, a pesar del descubrimiento informático tardío de ese memorial.

2.
Un acto jurídico que se obtiene con vicios en la voluntad de sus autores es jurídicamente nulo; los votos del SI obtenidos bajo chantaje empresarial contra sus trabajadores, y bajo la presión cotidiana, parcial y tendenciosa de la prensa, originan una nulidad absoluta de esa votación.

3.
El Tribunal Supremo de Elecciones, en abierta complicidad con el Gobierno, ha actuado en todo este proceso, en algunos casos, con deliberada omisión jurídica de sus potestades fundamentales. Por ejemplo, al reglamentar la ley del referéndum dejando por fuera, sin regular, la equidad en los recursos económicos que dispondrían las partes; como asimismo dejando portillos legales en materia de colaboración económica de sociedades mercantiles, lo cual, como era de esperar desnaturalizó la contienda democrática y desequilibraron groseramente el principio de igualdad en los aportes económicos y en la información.

4.
De igual forma el mismo Tribunal, ahora por acción directa, en los últimos tres días previos al siete de octubre toleró en forma abierta la violación de la tregua electoral, permitiendo, so pretexto de cobertura de información, que el Gobierno utilizara todos los medios de prensa, con declaraciones, informaciones y entrevistas que manipulaban y violentaban el derecho del ciudadano de votar en condiciones de tranquilidad, y libre de las presiones innobles a las que, de hecho, se le sometió.

5.
El profuso empleo de recursos públicos a favor de la tendencia del SI constituyó una practica cotidiana del Gobierno contra la libertad de elección del pueblo, en abierta violación a la misma Ley del referéndum.

6.
El propio día de la consulta, de nada valieron miles de denuncias interpuestas por medios formales e informales por los comités patrióticos de todo el país ante el Tribunal, que se convirtió de hecho en un mero receptor de estas denuncias, mas no en un órgano contralor y fiscalizador de la arbitrariedad y prepotencia del SI, y menos aún en un órgano que ejecutara el cese de esas arbitrariedades, pese a que tenia por disposición de ley toda la fuerza pública del país a su disposición.

7.
Se violentó el artículo 95 constitucional al impedirse el ejercicio del sufragio con garantías efectivas de libertad, orden, pureza, e imparcialidad.

8.
Se violentó asimismo los artículos 19, 88 y 152 incisos b) y r) del Código Electoral al permitir la participación directa de los jerarcas de los poderes públicos en la tendencia oficial del Gobierno, sea del SI, que coparon los medios de prensa, ignorándose por el propio Tribunal su obligación de regular y fiscalizar el uso razonable y equitativo de los medios de comunicación colectiva.

9.
Como si eso fuera poco, el mismo Tribunal desaplicó lo prescrito en los artículos 19, 45 y 48 del Código Electoral, al permitir con su omisa actuación, pese a que tenia recursos suficientes para controlarlo, que el certamen se convirtiera en una oferta pública por parte del Gobierno de dádivas y promesas de dadivas que, junto a la violencia y la amenaza patronales, fueron impuestas para torcer el sentido del voto ciudadano.

10.
De la misma forma se ignoró por parte del Tribunal Electoral la participación de sociedades extranjeras camufladas en sociedades costarricenses que financiaron la tendencia del SI; y del embajador de los Estados Unidos de Norteamérica, que en forma personal y sin recato alguno participó en campañas de publicidad en empresas y medios de prensa, incluso durante los días de tregua, en clara violación legal del articulo 20 de la Ley del referéndum.

11.
El Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos (suscrito desde 1968 por nuestro país), y la Convención Interamericana de Derechos Humanos o Pacto de San José (suscrito en el año 1969) en sus artículos 25 y 23.1 respectivamente, fueron violentados al favorecer el Tribunal Electoral una votación no autentica en su transparencia y en condiciones de desigualdad para sus actores.


12.
La carta democrática interamericana (suscrita en Lima-Perú en el año 2001) en su articulo 3 prescribe como elemento esencial de la democracia el respeto a los derechos humanos y a las libertades fundamentales; y que el poder público debe ejercerse con sujeción al Estado de derecho, en condiciones de libertad y justicia, sea en condiciones ajenas a la coacción.

13.
Todas estas razones dan sustento jurídico a nuestra tesis de que el Tratado de libre comercio, aprobado bajo violencia e intimidación colectiva el domingo 7 de octubre, infringe también la Convención de Viena sobre el derecho de los Tratados, que sanciona con nulidad aquellos convenios en cuya suscripción o aprobación se hubiera incurrido por una o varias de las partes en alguno de los vicios del consentimiento (artículos 48, 49 y 52); al haber cometido el Estado costarricense, por obra del Poder Ejecutivo, coacción, amenaza y uso de la fuerza.

14.
El fraude mediático y la violación a las reglas mas elementales del sufragio durante la tregua, fraguados por la gran prensa del País en asocio con el Gobierno y con la complicidad abierta del Tribunal Electoral, constituyeron la mayor afrenta anti-democrática que ha debido soportar el pueblo costarricense desde los oscuros días de la guerra civil de 1948, en los que el pueblo costarricense tuvo que ir a las calles a defender la libertad electoral.

15.
En consecuencia, esta Asamblea de Comités Patrióticos y el Movimiento Nacional del NO al TLC repudian enérgicamente el rechazo ad-portas que hizo el TSE, con superficialidad argumental, de la acción de nulidad del referendum interpuesta por varios juristas, por ser dicha resolución ajena a las mejores tradiciones de la legalidad costarricense y a la filosofía del Estado social y democrático de derecho que nos rige.

Agotadas como han sido las instancias de derecho interno, habremos de acudir ante instancias jurídicas internacionales para denunciar y promover las acciones legales pertinentes, a fin de no favorecer la impunidad del Gobierno y la parcialidad del Tribunal Supremo de Elecciones, y hacer respetar el sentimiento de legalidad que en su forma mas estricta exige la trayectoria histórica del Pueblo Costarricense.
Por todo lo expuesto, los comités patrióticos de todo el país, como símbolo digno y democrático de los mas caros valores de la nacionalidad costarricense, reunidos en asamblea nacional el día 27 de octubre, proclamamos solemnemente y a todos los efectos que jurídicamente correspondan en derecho interno e internacional, nuestro desconocimiento al valor legal del resultado del referéndum, por ser dicho resultado nulo de pleno derecho y carente de todo valor jurídico.


Documento publicado por orden del grupo
ABOGADOS Y ABOGADAS POR LA DIGNIDAD NACIONAL


7 de noviembre del 2007
-DIA DE LA DEMOCRACIA-
Firma responsable

La agenda de implementación en breve

La autoría es de los asesores/as del Frente Amplio en el despacho del Diputado José Merino.

REFORMA A LA LEY DE PROTECCIÓN DE CASAS EXTRANJERAS
(...)
(...) USA sostiene que la legislación costarricense es proteccionista y obliga a reformas que liberan de obligaciones a las Casas Extranjeras y, en consecuencia, desprotegen a los Representantes en Costa Rica. La solución de disputas (...) se resolvería mediante el arbitraje. (...)

(...)

LEY GENERAL DE TELECOMUNICACIONES
(...) Se establece la apertura inmediata de los servicios de redes privadas, Internet y telefonía celular, afectando los servicios básicos del Instituto Costarricense de Electricidad. (el compromiso en el TLC es de una apertura "gradual y selectiva" del mercado). Las telecomunicaciones dejan de ser un servicio público solidario y su acceso universal un derecho humano. Se limitan seriamente las posibilidades del Estado para implementar políticas públicas (subsidios cruzados, acceso universal). Se obliga al ICE a brindar servicios al costo a las transnacionales, mientras éstas quedan libres de establecer sus tarifas al usuario (articulo 54). Se permite la comercialización de las concesiones y autorizaciones de las bandas de frecuencias. Implicaría un rebalanceo de tarifas de todos los servicios de telecomunicaciones, incrementando el costo de la telefonía fija, pública y celular, al igual que la electricidad. El ICE tendrá que cancelar un canon de regulación y otro por el uso del espectro radioeléctrico, lo que incrementará sus costos y contribuirá al alza de las tarifas. (...)

LEY DE FORTALECIMIENTO Y MODERNIZACION DE LAS ENTIDADES PUBLICAS DEL SECTOR TELECOMUNICACIONES
(...). Reforma la Ley del ICE y la de ARESEP. Dictaminado ingresa a Plenario e inicia trámite de mociones vía artículo 137 (...). USA podría "certificar" sin que se apruebe este proyecto, a ellos les interesa la apertura de mercados inmediata y no alguna ley sobre el ICE. Esta en particular más que fortalecer el ICE busca su desmantelamiento. Se le quita la rectoría del sector telecomunicaciones al ICE. Se crea la Superintendencia de Telecomunicaciones, a la que se le asignan funciones atípicas de un ente regulador, como el manejo del Fondo Nacional de Telecomunicaciones. Se mantiene la administración del espacio radioeléctrico en manos del Poder Ejecutivo, con el consiguiente peligro de que no priven las razones técnicas. Se crea un Consejo Sector de Telecomunicaciones, claramente politizado. Se eliminan las concesiones de pleno derecho y por tiempo indefinido que actualmente tiene el ICE.

APERTURA DE LOS SEGUROS (...)
LEY REGULADORA DEL MERCADO DE SEGUROS
(...) El compromiso de Costa Rica en el TLC es de una "apertura gradual del mercado de los seguros". El proyecto define la apertura entre el año 2007 y el 2011, establece los requisitos para las empresas privadas puedan ofrecer seguros o establecerse como empresas reaseguradoras. Dejan de existir los seguros solidarios, en la medida en que entran en competencia y no podrán ser brindados al costo. Crea la Superintendencia de Seguros. Establece un impuesto que se incluirá en los recibos telefónicos, para dar recursos al Benemérito Cuerpo de Bomberos, que ya no podría seguir siendo financiado por el INS. Este proyecto fue dispensado de todo trámite. Se proponen la creación de una Comisión Especial con un plazo corto de un mes para dictaminar.

LEY REGULADORA DEL CONTRATO DE SEGUROS
(...) Se propone regular el contrato de seguros, introduciendo aspectos que favorecen el ingreso de la competencia extranjera, como el interés asegurable o el traspaso de las pólizas. Se encuentra en primer lugar de la agenda de la Comisión Permanente de Asuntos Económicos. En sentido estricto su aprobación no es requisito para la "certificación" de los Estados Unidos.

PROPIEDAD INTELECTUAL PARA LAS TRANSNACIONALES

LEY DE PROTECCIÓN DE OBTENCIONES VEGETALES Y APROBACIÓN DEL CONVENIO INTERNACIONAL PARA LA PROTECCIÓN DE OBTENCIONES VEGETALES
(...) El Convenio Internacional para la Protección de Obtenciones Vegetales fue dispensado de todo trámite, por lo que no cuenta con dictamen. Las mociones de fondo (cláusulas interpretativas) serán conocidas directamente por el Plenario.
El proyecto de ley y el convenio establecen un mecanismo similar a las patentes, llamado "derecho de obtentor", que protege los intereses de las grandes corporaciones del sector agroalimentario, legitimando la piratería de los recursos biogenéticos del país. En lo fundamental cercena los derechos de los agricultores, estableciendo que no pueden seguir usando las semillas en sus nuevas cosechas. Los indígenas no fueron consultados y dadas sus implicaciones negativas, estos proyectos han sido rechazados en dos ocasiones por la Asamblea Legislativa. Existe una propuesta alternativa que permite cumplir con los requerimientos internacionales, sin atarse al TLC, denominada "Ley de Protección de los Derechos de los Fitomejoradores".

ADHESIÓN DE COSTA RICA AL TRATADO DE BUDAPEST SOBRE EL RECONOCIMIENTO INTERNACIONAL DEL DEPOSITO DE MICROORGANISMOS A LOS FINES DEL PROCEDIMIENTO EN MATERIA DE PATENTES
(...) El objetivo central de este Tratado es facilitar el procedimiento al solicitante de propiedad intelectual sobre microorganismos. No se incluye una definición de "microorganismo", por lo que la interpretación puede ser muy amplia y sin exclusiones, lo que hace surgir la posibilidad de registrar organismos no patentables desde una visión bioética, como material genético humano, al igual que cualquier otro material biológico. Entra en contradicción con la Ley de Biodiversidad y el Convenio Internacional sobre la Diversidad Biológica suscrito por Costa Rica. Al suscribirse este y otros Tratados como condición obligatoria del TLC, prácticamente se hace nula la posibilidad de denunciarlo en el momento en que se manifiesten consecuencias negativas para el país. Las organizaciones ambientalistas denuncian que "Se exige otorgar patentes de variedades de plantas, se menciona la protección de 'invenciones biotecnológicas', y se propone un alarmante depósito centralizado de microorganismos".

REFORMA Y ADICION DE VARIOS ARTICULOS DE LA LEY DE PROCEDIMIENTOS DE OBSERVANCIA DE LOS DERECHOS DE PROPIEDAD INTELECTUAL, LEY 8039 DEL 12 DE OCTUBRE DE 2000
(...) Aumenta las penas de los delitos y endurece la criminalización de las infracciones de baja cuantía contra estos derechos. Los cambios propuestos son básicamente dos: Por un lado eliminar el principio de lesividad o insignificancia establecido en el artículo 70 de la Ley. Es este artículo el que ha impedido que se persiga y amenace con encarcelar a la persona que fotocopia un libro o graba un disco. Por esta vía se trató de establecer un equilibrio entre los intereses de los titulares de la propiedad intelectual y otros intereses de la sociedad como el acceso a la cultura y la información, el desarrollo de la educación y la creación de nuevos conocimientos. Si es derogado, nada impedirá, por ejemplo, que las casas editoras acusen penalmente a estudiantes que fotocopian una obra, para fines educativos, alegando que se les ocasiona un "perjuicio económico", que, aunque insignificante, es un perjuicio. Por otro lado, eleva a cinco años las penas máximas de todos los delitos establecidos contra derechos de propiedad intelectual (ahora están en tres), con el objetivo de que las personas condenadas que no tengan antecedentes no puedan acogerse al beneficio de la ejecución condicional de la pena para no ir a la cárcel. La idea es atemorizar y reprimir a todas las personas que, por carecer de recursos económicos para comprar originales, incurren en estas infracciones.

APROBACIÓN DEL TRATADO SOBRE EL DERECHO DE MARCAS Y SU REGLAMENTO
(...) Se define el procedimiento para registrar las marcas que sean signos visibles de productos y servicios. Busca armonizar los procedimientos entre los países que se sumen al Tratado.

REFORMA DE VARIOS ARTICULOS DE LA LEY DE MARCAS Y OTROS SIGNOS DISTINTIVOS, LEY 7978 DEL 6 DE ENERO DE 2000 Y DE LA LEY DE PATENTES DE INVENCIÓN, DIBUJOS Y MODELOS INDUSTRIALES Y MODELOS DE UTILIDAD, LEY 6867 DEL 25 DE ABRIL DE 1983
(...) Se introduce más protección a los signos que pueden constituir una marca. Se plantean modificaciones en las normas que regulan la duración de la protección de la patente, ampliándola cuando existan retrasos en "procedimientos administrativos". Esta es una manera de ampliar de hecho la duración de la patente, lo cual beneficia entre otras a las transnacionales farmacéuticas.

REFORMA DE LOS ARTICULOS 56 Y 345 DEL CODIGO PENAL (LEY 4573), Y DEL ARTICULO 55 DE LA LEY CONTRA LA CORRUPCIÓN Y EL ENRIQUECIMIENTO ILICITO EN LA FUNCION PUBLICA (LEY 8422) Y DEROGATORIA DEL ARTICULO 343 BIS DEL CODIGO PENAL
(...). Este proyecto no aparece como requisito para aprobar el TLC, pero se incluyó en la agenda de implementación para dar la impresión de que se promueve la lucha contra la corrupción. Introduce sanciones a las personas jurídicas, para desincentivar el ofrecimiento de dádivas a los funcionarios. Se encuentra en la agenda de la Comisión Permanente de Asuntos Jurídicos.

ACUERDO SOBRE COOPERACIÓN AMBIENTAL
(Entre los Gobiernos de Costa Rica, República Dominicana, El Salvador, Guatemala, Honduras, Nicaragua y Estados Unidos de América)
Se encuentra en la agenda de la Comisión Permanente Especial de Ambiente. Según las organizaciones ambientalistas no se obtiene ningún beneficio con este acuerdo, se debilita la institucionalidad nacional, y se corresponde con disposiciones ambientales del TLC que perjudican ampliamente al país. No hace falta este convenio para contar con mejores mecanismos de protección, control y monitoreo ambiental pero, por el contrario, con el TLC se impediría mejorar la calidad de las políticas y la legislación ambiental, cuando se considere que es un "obstáculo para el comercio". Los parques nacionales, y cualquier otro tipo de área protegida, podrá ser administrada en todo o en parte por un ente privado. "Son declaraciones bonitas, pero carentes de contenido y sobretodo de garantías para su cumplimiento", dicen las organizaciones ambientalistas.