Metiendo las de andar??

Tomado del semario Universidad



Mandatario ofreció aeropuerto para conseguir votos en referendo
TSE acordó archivar denuncia contra Óscar Arias
EDUARDO RAMíREZ F.redacción

Decisión del TSE podría fomentar mentiras y clientelismo en campañas políticas futuras, afirma el abogado denunciante.

Durante una gira por Palmar Sur -cantón de Osa-, el mandatario Óscar Arias prometió que les construiría un aeropuerto a cambio de apoyar el TLC. (Foto: tomada de la videograbación)
Una videograbación en la que el mandatario Óscar Arias prometía unos días antes de efectuarse el pasado referendo: "Ustedes nos apoyan con el TLC y nosotros les construimos un gran aeropuerto", fue desestimada por el Tribunal Supremo de Elecciones (TSE), el cual ordenó archivar la denuncia presentada por el abogado Adonay Arrieta Piedra. A pesar de que la queja contra el Presidente de la República la presentó Arrieta Piedra -quien es profesor de derecho en la Universidad de Costa Rica (UCR)- el 4 de octubre del 2007, el TSE no se pronunció sobre el caso sino hasta el 5 de marzo anterior, seis meses después. Cabe recordar que el 7 de octubre del 2007 se llevó a cabo el primer referendo en la historia del país, para que la ciudadanía decidiera si estaba de acuerdo o no con la ratificación del Tratado de Libre Comercio (TLC) entre Centroamérica, Estados Unidos y República Dominicana. Al visitar en el cantón de Osa la comunidad de Palmar Sur -unos días antes del referendo-, el presidente Arias dijo: "(...) hoy venimos a sellar un pacto: ustedes nos apoyan con el TLC, y nosotros les construimos un aeropuerto". Para el mencionado órgano electoral, "carece de sanción administrativa que el Presidente, durante su intervención, haya manifestado que construirá un aeropuerto, lo cual, de concretarse, lo sería con posterioridad al proceso consultivo (referendo), sin que se haya podido apreciar la utilización de recursos públicos". El denunciante Arrieta Piedra se mostró en total desacuerdo con el pronunciamiento del TSE, al igual que los juristas Jorge Enrique Romero Pérez -director del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UCR- y José Miguel Villalobos Umaña -ex ministro de Justicia-.Romero Pérez y Villalobos Umaña criticaron con severidad la argumentación jurídica de los magistrados Luis Antonio Sobrado, Eugenia Zamora, y Max Esquivel. Los miembros del Tribunal descartaron que "una exhortación general y pública dentro de una campaña electoral, como la que se ha denunciado, pueda obligar a un número indeterminado de personas a votar en determinado sentido, ante lo cual no aprecia ningún tipo de coacción en este asunto y procede a archivar la presente denuncia". No obstante que votó por archivar la denuncia, el magistrado Esquivel cuestionó el referido ofrecimiento del mandatario, por considerar que "resulta reprochable por innecesario y efectista cualquier sesgo discursivo que pretenda vincular el cumplimiento de tales compromisos, al resultado del proceso electoral consultivo". El abogado Arrieta Piedra presentó el 14 de marzo una gestión de adición y aclaración de algunos aspectos ante el TSE, la cual al cierre de esta edición (lunes 7) aún estaba en estudio y, por lo tanto, los magistrados no se podían referir al caso, explicaron en la oficina de prensa.

IRRESPETO DE LAS LEYES
Al formalizar su denuncia en octubre pasado ante el TSE, el docente de la UCR entregó un vídeo del momento en que el mandatario Arias prometía a vecinos de la zona sur la construcción de un aeropuerto, a cambio de que apoyaran el TLC en el referendo. De acuerdo con Arrieta, "no hay duda de que esto constituye no solo una coacción, sino también un comportamiento de los tipificados" por el TSE, el cual en sus resoluciones estipuló que "por sus connotaciones delictivas, constituiría un hecho de suma gravedad que se condicionen beneficios públicos a que los ciudadanos expresen estar de acuerdo con opiniones del Presidente (...)". Para reforzar sus directrices, el órgano electoral en sus resoluciones también recordó el artículo 152 del Código Electoral: "Serán sancionados con pena de dos a seis años de prisión: r) Quien, con dádivas, promesas de dádivas, violencia o amenazas compeliera a adherirse a una candidatura, a votar en determinado sentido o a abstenerse de votar (...)".Pese a las citadas disposiciones legales, el TSE hizo una serie de argumentaciones para eximir de responsabilidades a Arias, como aplicar el artículo 28 de la Constitución Política referido a que nadie puede ser perseguido por manifestar sus opiniones, o el artículo 29, que define el derecho ciudadano a comunicar sus pensamientos. En su razonamiento jurídico, los magistrados Esquivel, Sobrado y Zamora sostienen que "el hecho de que el mensaje externado por el Mandatario no pueda, materialmente, compeler a los ciudadanos a votar en el sentido indicado, lo convierte en una exhortación dirigida a los votantes que lo escucharon, misma que es consustancial a cualquier proceso electoral y que no es sancionable". Aunque contribuyó a darle unanimidad a la citada votación, el magistrado Esquivel adjuntó una reflexión de 9 páginas al pronunciamiento (de 12 páginas), tras estimar que "existe una labor formativa y educativa que resulta inherente a la función jurisdiccional del TSE y que en ese tanto, debe contribuir tanto al desarrollo de una ciudadanía activa, como al ejercicio responsable de la autoridad". En su opinión, las regulaciones del Tribunal buscaron que los funcionarios públicos pudieran apoyar o rechazar el TLC, "sin afectar sus obligaciones funcionariales ni comprometer indebidamente recursos institucionales". Lo dicho por el presidente Arias, "constituye, en criterio del suscrito magistrado, un desafortunado exceso retórico que desborda las formalidades propias de un compromiso gubernamental", recriminó Esquivel.

SUPUESTOS FALSOS
Respecto de la resolución del TSE, el director del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UCR -Jorge Enrique Romero- afirmó que se sustenta sobre supuestos falsos, como decir que el Presidente no usó recursos públicos (vehículos, personal, combustible y otros) para hacer campaña por el TLC durante sus giras, cuando es sabido que prometió el aeropuerto, o carros Mercedes Benz y motos BMW en la zona franca de Cartago. Romero Pérez cuestionó también que no se aplicaran en el referendo las prohibiciones contempladas por el Código Electoral, en vista de que este es supletorio de la ley de consulta popular y define castigos de cárcel para ofrecimientos como el referido. Otra falsedad señalada por el abogado es que el denunciante Arrieta Piedra no tuviera legitimidad para solicitar esta investigación, pues el TSE sí le dio rápido trámite a la queja que presentaron estudiantes, de que las universidades estaban usando recursos públicos en contra del TLC. Allí sancionó a las universidades para acallarlas, pero le dio completa libertad al Gobierno para que dijera lo que quería, recordó. "Esta resolución, como las anteriores, carecen de fundamento jurídico, y es simplemente una alegación de palabra", tendiente a apoyar al Gobierno y a los que están a favor del TLC. La violación existió y el Tribunal se la brincó con una garrocha como de 60 metros de largo, acotó. Si bien el TLC tiene la última palabra en materia electoral, "esto no significa que en este país -donde hay miles de profesionales y personas preparadas- no nos demos cuenta que las resoluciones que ha emitido, son muy deficientes y que vienen favoreciendo a los que están con el TLC", reprochó Romero. Igual de contundente fue en sus apreciaciones José Miguel Villalobos, ex ministro de Justicia, para quien fue muy evidente "la actitud despreocupada, irresponsable y hasta cínica del Presidente de la República" en sus ofrecimientos de cara al referendo.Villalobos catalogó de "monárquico" el comportamiento de Arias, al actuar como si fuera dueño de los recursos públicos y prometer con ellos cosas a cambio de apoyar el TLC. El ex ministro fustigó el fundamento legal de la resolución del TSE, al tiempo que indicó que no le tiene confianza. "Me hubiera sorprendido enormemente que hubiera hecho alguna consideración crítica hacia el Presidente de la República", agregó. Por su parte, el denunciante Arrieta Piedra, aunque disconforme con lo expresado por el Tribunal, rescató la posición de alguna manera discrepante del magistrado Esquivel. Sin embargo, en su criterio, la resolución es preocupante desde el punto de vista jurídico, ya que al legitimar la conducta del mandatario Arias, se convierte en jurisprudencia para futuras decisiones del TSE. Si en el futuro ocurre algo similar, tampoco tendría el Tribunal autoridad moral, ética o legal, para impedirlo, y se fomentaría el clientelismo político, advirtió. Arrieta comentó que si se criticó el uso del miedo en la campaña del referendo, con el pronunciamiento del TSE se promovería la mentira, dado que "se le está diciendo al Presidente de la República y a los funcionarios públicos, que no hay ningún problema en que prometan cosas, siempre y cuando no las cumplan", porque así no se configuraría el delito.