Att. Ottón Solís

Aunque Ottón no sea santo de mi devoción, esta carta es de interesante lectura.
Provecho.
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PAC-OS-001-2008
30 de enero, 2008

Dr. Oscar Arias Sánchez
Presidente de la República
S. D.

Estimado señor Presidente:

He leído con atención su carta del 9 de enero en respuesta a la que le remitiera el 19 de diciembre. Mi intención con esa carta era señalar algunos puntos conflictivos y buscar acuerdos respecto a ellos. En nuestra opinión, el trámite de la agenda de implementación no está respetando el reglamento legislativo ni la letra de la ley del TLC, ley que quedó aprobada por los costarricenses el 7 de octubre. La defensa del Estado de Derecho es una de las obligaciones más importantes de cualquier partido político que se precie de ser democrático. De ahí nuestra preocupación.
En mi carta le expuse esas irregularidades. En primer lugar, le solicitaba transparencia en cuanto a los contenidos de los reglamentos y decretos que como parte de la agenda de implementación se están tramitando en el Poder Ejecutivo. El artículo 361 de la Ley General de la Administración Pública obliga a consultar a los interesados generales y directos. El PAC califica en el primer grupo. Sin embargo, a pesar de nuestra insistencia el Gobierno se ha negado permanentemente a informarnos y menos a consultarnos. Usted afirma que las medidas reglamentarias están en proceso de elaboración y discusión con los "actores competentes" ¿Quiénes son, esos "actores competentes" a que usted se refiere?

Por otra parte, aunque no fuese obligación legal, quizá el haber consultado esos decretos y reglamentos con el segundo Partido en cuanto a representación legislativa, hubiese sido una señal de que efectivamente usted ahora sí está dispuesto a reconocer ese lugar que nos dieron los costarricenses en febrero del 2006.

Lamentablemente, en relación con los otros tres aspectos planteados en mi carta, su respuesta causa aún mayores dudas sobre el compromiso de su Gobierno con el Estado de Derecho y con la institucionalidad democrática.
Acepta usted que respetar la ley del referéndum significa no excederse en aquello que exige el TLC. Sin embargo, por más que nuestros diputados ofrecen evidencia sobre numerosos excesos, se prosigue rechazando prácticamente todas nuestras mociones encaminadas a rectificarlos.

Por ejemplo, el TLC estipula una gradualidad en la apertura del sector de telecomunicaciones que no se contempla en los proyectos defendidos por su gobierno en la Asamblea Legislativa. Asimismo, el TLC estipula la creación de un fondo de subsidios que proteja una parte aunque mínima, de los principios de solidaridad y universalidad que han prevalecido en el acceso a este servicio. En Estados Unidos ese fondo es del 10% de la facturación de cada operador, por lo que no objetaría uno del 9% como el que estamos proponiendo. Sin embargo, su gobierno se empeña en que ese fondo no exceda el 2%, excediéndose de ese modo a lo votado el 7 de octubre en el referéndum y convirtiéndose en defensor, no de los costarricenses de menores recursos, sino de los intereses de las corporaciones multinacionales que son las que tendrían que pagar este canon.

Lamentablemente, usted no se refiere en su carta a nuestra afirmación de que el Artículo 208 bis del Reglamento Legislativo expresamente excluye la posibilidad de que sea utilizado para romper monopolios del Estado. Dedica unos cuantos párrafos a explicarme que ese monopolio se puede romper por medio de una ley, cosa que no hemos cuestionado. Nuestra objeción se relaciona con el hecho de que esa ley se está tramitando mediante un procedimiento –el 208 bis- el cual legalmente no se puede utilizar.

Por otra parte, Señor Presidente, alegar, como lo hacen ahora algunos proponentes de la apertura, que el 208 bis se puede utilizar para las telecomunicaciones porque no se trata de un monopolio estatal, sería un acto del más odioso cinismo. Usted mismo ha denunciado en reiteradas ocasiones esa condición. Por ejemplo, en su última entrevista antes del Referéndum dijo: "En este continente..., nadie, nadie, ni Cuba tiene monopolio de telecomunicaciones, internet, ni seguros, sólo Costa Rica" (Canal 7, 27 setiembre 2007).

Tampoco me contesta en su carta la pregunta sobre dónde en el TLC ratificado el 7 de octubre se establece el mecanismo de la Certificación por parte de Estados Unidos, mencionado por su Gobierno reiteradamente para asegurar que el PAC podría dar al traste con la decisión ciudadana del 7 de octubre. Como usted sabe, Estados Unidos puso en el tapete el instrumento de la Certificación por medio de una renegociación que no fue incorporada en el TLC sometido a referéndum en Costa Rica. Es decir, de acuerdo a nuestra legislación, en este caso aprobada por medio del referéndum, Estados Unidos no cuenta con la herramienta de la Certificación previa a que el Tratado sea depositado en la OEA. Y como aquí se trata del respeto a la letra de la ley, esto significa que ya el TLC existe legalmente y sólo basta con que su gobierno deposite el documento ratificado el 7 de octubre en la OEA. Ante este claro hecho legal, usted en su carta hace una sorprendente aseveración cuando afirma que como el mecanismo de la Certificación está incorporado en la legislación de Estados Unidos tenemos la obligación de respetarlo.

Señor Presidente: usted juró fidelidad a las leyes de Costa Rica al asumir la Presidencia de la República. No está dentro de sus obligaciones velar porque el país cumpla las leyes de Estados Unidos. Precisamente el TLC es un contrato en el que los países hacen explícita la normativa que quieren salvaguardar y reservar. ¿Será posible que mientras usted promueve una utilización del artículo 208 bis contraria a la letra del Reglamento Legislativo el cual si tiene rango de Ley, al mismo tiempo considere su deber respetar puntualmente leyes de Estados Unidos no incorporadas en nuestra legislación?

Señor Presidente, ¿sabe usted que su Ministro de Comercio Exterior informó por escrito a la Asamblea Legislativa que la enmienda que incorporó el mecanismo de la Certificación tendría validez únicamente si fuese aprobada por el Parlamento (¡por supuesto el de Costa Rica!)? ¿Sabe usted que el anterior Ministro de Comercio Exterior Lic. Manuel González, por lo demás defensor del TLC, comparte nuestra tesis de que la ley del TLC aprobada en el Referéndum no contempla la figura de la Certificación? ¿Sabe usted que la Sala IV expresamente resolvió (Resolución # 2007-09469, 3 julio 2007, pág. 144) que la Certificación era un asunto del derecho interno de Estados Unidos irrelevante para Costa Rica en el tanto no está incorporada en el TLC?

Por ello lo que procede, de acuerdo a nuestro Estado de Derecho, y se lo solicito respetuosamente, es que de inmediato deposite el TLC en la OEA y termine con la campaña de origen electorero relacionada con la fecha del 29 de febrero.
Señor Presidente, como puede darse cuenta sus respuestas me han dejado profundamente insatisfecho. Hoy estoy más convencido de la necesidad de utilizar los mecanismos legales e institucionales de que dispongamos para evitar que se materialicen tantas violaciones a nuestro Estado de Derecho, empezando por la misma Ley del Referéndum. No tengo duda que en la práctica es el PAC el que defiende el Referéndum del 7 de octubre al luchar para que no hayan medidas que excedan los contenidos del TLC ratificado ese día y para que no se incorporen normas que no están contempladas en ese TLC tal y como sucede con la de la Certificación.

Sin embargo, usted me invita a dialogar. Esto me da alguna esperanza de que encontremos algún espacio para tener intercambios sinceros y directos, pero sobre todo, conducentes a soluciones, ante tantas urgencias en otros temas como educación, infraestructura, seguridad ciudadana, protección del ambiente, legislación electoral, innovación tecnológica, estructura tributaria, politización de decisiones técnicas y corrupción en las más altas esferas del gobierno, entre otros.
Estos y otros temas demandan de acuerdos nacionales. Además de las propuestas del PAC, algunas de las cuales le he mencionado en anteriores misivas y que se encuentran desglosadas en nuestros documentos programáticos, le sugiero que considere la visión que algunos sectores productivos y sociales han presentado al país en un esfuerzo por construir rutas que promuevan el desarrollo acompañado por la paz social. Al respecto, le reitero que mucho puede avanzarse en la recuperación de la unidad nacional si se tomara en cuenta los documentos denominados Tercera República, donde la Cámara de Exportadores tuvo un importante liderazgo, Crisol, impulsado por organizaciones laborales, cooperativas y comunales y Diez Mandatos Impostergables con Visión de Largo Plazo para el Futuro Desarrollo del País, propuesto por la Unión de Cámaras.

Por otra parte, tenemos muchas preocupaciones en torno a la política macroeconómica. No parece coherente que mientras el Banco Central se ve obligado a emitir dinero para evitar que el ingreso de capitales externos revalorice excesivamente el colón, al mismo tiempo el Gobierno esté importando capitales por medio de nuevas deudas con el Banco Mundial, el BID, el BCIE y China. No parece correcto que la política de endeudamiento externo del gobierno dé al traste con la reducción de la inflación que debería resultar de una revalorización de la moneda. En todo caso, no parece correcto que un país sufriendo un peligroso déficit en las cuentas comerciales revalorice su moneda. No parece correcto que un país pobre como el nuestro, tanto que depende del ahorro externo público y privado para su crecimiento económico, tenga tasas de interés que castigan el ahorro interno privado. No parece correcto ignorar que la bonanza económica, tanto de Costa Rica como de prácticamente toda América Latina, se debe a fenómenos externos (la exportación masiva de capitales chinos y el alza mundial en el precio de las materias primas) y no a cambios sostenibles internos y que por lo tanto debe procederse con mucha cautela para evitar desequilibrios estructurales peligrosos en el futuro cercano. No parece correcto que se promueva una estrategia de desarrollo en la que los negocios más rentables como el de la banca y el comercio de tierras crecientemente sean propiedad de extranjeros.

En fin, dialogar y escuchar son activos de la democracia y existen numerosos temas que merecen una atención cuidadosa y acuerdos nacionales. Usted ha hecho a un lado esos activos, excepto cuando se trata de los que siempre están de acuerdo con todas sus posiciones. Por otra parte, pareciera que una sui generis estrategia de desconocer la existencia del PAC podría estar llegando a su fin. Así interpreto sus cartas y artículos desde diciembre pasado.

Sin embargo, no dé al traste con sus intentos de rectificar tergiversando mis palabras: es mal intencionada la distorsión contenida en un artículo reciente suyo donde insinúa que yo sólo quiero una reunión frente a los lentes de las cámaras. Lo que sostengo es que la mera existencia de la reunión, y por supuesto sus contenidos, deben ser públicos. En muchas ocasiones en reuniones secretas fuera y dentro del territorio nacional se ha pactado contra el país. Por ello, siempre lucharemos para que en la práctica los ojos y oídos de la ciudadanía estén presentes, pues este tipo de reuniones tienen sentido si son exclusivamente para promover sus intereses.

Finalmente, lamento que haya sido precisamente en los momentos en que yo inicio un período de cinco meses de compromisos académicos en la Universidad de Florida en Gainesville, Estados Unidos, y después de 22 meses desde que se terminó la campaña política, cuando usted haya decidido que es importante reunirse conmigo. A pesar de ello, en los términos aquí expuestos, siempre estoy a disposición para que nos reunamos, aunque signifique viajar desde Gainesville antes de junio.

Atentamente,

Ottón Solís

c./ archivo.